Con el propósito de abastecer a futuro una creciente demanda de energía sin ampliar la dependencia de las fuentes fósiles ni incrementar la vulnerabilidad del sistema, el especialista Gerardo Rabinovich considera clave contar con un nivel de planificación sectorial que actualmente no existe.

A fin de definir las principales líneas de equipamiento requerido para un desarrollo equilibrado de los recursos naturales, en el que se minimice el costo global de abastecimiento y se reduzca la vulnerabilidad energética, el país necesita imperiosamente un Plan Energético Estratégico integral que hoy no existe. Así lo cree el vicepresidente segundo del Instituto Argentino de la Energía (IAE), Gerardo Rabinovich, quien también es consultor independiente y asesor energético del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “En este plan deberían tenerse en cuenta las obligaciones legales asumidas, entre las cuales figura la Ley 26.190, que exige que un 8% de la energía eléctrica consumida provenga de fuentes renovables no convencionales, a más tardar a fines de 2016. Parece materialmente inalcanzable este objetivo”, advierte el especialista en diálogo con este medio.

Según sus estimaciones, para cumplir con esa meta hacia 2025, deberían instalarse 3.300 megawatts (Mw) eólicos y casi 800 Mw fotovoltaicos, lo que implicaría desarrollar un programa mucho más agresivo que el vigente. “Si la demanda de energía creciera a un ritmo de un 4% anual en los próximos 10 años, también habría que incorporar centrales hidroeléctricas por 3.300 Mw, de las cuales algunas han sido decididas (como las del río Santa Cruz), mientras que otras, están en procesos avanzados (como Chihuidos, en Neuquén) y otras, en distintos grados de desarrollo de factibilidad (como la binacional Garabí o algunos aprovechamientos en Cuyo)”, acota.

La energía nuclear, por su parte, deberá aportar al menos 2.400 Mw, con dos reactores nuevos, cuya factibilidad deberá ser demostrada en el marco de los acuerdos con la República Popular China y la Federación de Rusia. “Pero incluso con este conjunto de proyectos será necesario instalar casi 4.500 Mw que consuman combustibles fósiles en pos de satisfacer la demanda planteada para 2025”, proyecta.

SEGURIDAD CONTRACTUAL

De acuerdo con Rabinovich, la oferta de generación deberá ir acompañada por una infraestructura de transporte y distribución que permita conducir la energía producida hacia los centros de consumo. “Esto implicaría casi 12.000 nuevos kilómetros de líneas de extra-alta y alta tensión, además de la expansión de los sistemas de distribución en media y baja tensión para llevar la energía eléctrica a los hogares y plantas industriales”, precisa.

Llevar adelante este esfuerzo de incorporación de infraestructura significará una inversión de más de u$s 5.000 millones anuales durante los próximos 10 años. “Este desafío –que también incluirá la formación de importantes cantidades de recursos humanos: ingenieros, profesionales y técnicos– es enorme, pero factible de ser alcanzado e incluso superado si el sector público y el privado hallan caminos de convergencia que permitan canalizar los capitales necesarios para su materialización”, asevera.

Para ello, sostiene, será necesario reconstruir el mercado eléctrico, que hoy se encuentra intervenido por el Gobierno, y obtener recursos que atraigan al capital privado para complementar y liderar el camino del crecimiento. “Para aquellas obras que el sector privado no quiera o no esté en condiciones de realizar (como nuevas centrales nucleares o grandes emprendimientos hidroeléctricos) y el Estado deba llevar adelante, la Argentina tiene larga experiencia en la constitución de fondos específicos que pagan los consumidores una vez que los proyectos han sido ejecutados y entran en servicio. Estos fondos han sido una buena garantía para que los organismos de crédito multilaterales respalden las iniciativas, liderando el financiamiento de largo plazo y bajo costo, y permitiendo reducir el precio final de la energía producida”, destaca.

A su criterio, un adecuado esquema de contratación a largo plazo entre generadores y distribuidores como el que implementan Uruguay y Brasil, entre otros países, generará señales adecuadas para las inversiones privadas, que de esa forma podrán obtener financiación respaldada en la seguridad contractual. “A su vez, las distribuidoras podrán transferir a las tarifas los precios obtenidos en condiciones de competencia. La experiencia muestra que, cuando estos procesos son continuos, los valores bajan y optimizan el abastecimiento”, puntualiza.

SEÑAL PODEROSA

Según Rabinovich, la reducción de los subsidios es una necesidad que excede al sector energético y requiere de la economía, ya que produce desequilibrios macro muy difíciles de sostener en el tiempo, sin afectar el crecimiento continuo y prolongado que la sociedad precisa. “Es claro que ello implicará un mayor gasto por parte de los hogares que puedan hacerlo, y la construcción de una estructura basada en una tarifa social, dirigida hacia la demanda, que proteja a los sectores menos favorecidos”, explica.

En esa dirección, cree que el precio es una señal muy poderosa para contribuir con la eficiencia y el uso racional de la energía, por lo que disminuir gradualmente los subsidios favorecerá una controlada tasa de crecimiento de la demanda, que probablemente –y en un esquema virtuoso– logre que el crecimiento económico se realice con un menor consumo energético. “De todas formas, analizando un período largo de al menos 20 años, en el cual se han producido todo tipo de situaciones tarifarias, crisis económicas y relanzamientos virtuosos, la energía eléctrica ha tenido en promedio una tasa de crecimiento de un 4% anual.

Parece razonable pensar que en procesos largos esta tasa va a mantenerse en el futuro próximo, haciendo bastante lógica la necesidad de incorporar la infraestructura detallada”, expresa. Para el experto, el lanzamiento temprano de políticas de eficiencia energética permitirá reducir esa tasa sin afectar el crecimiento económico. “Entonces podremos ir pensando en soluciones que impliquen cada vez menores esfuerzos relativos en la expansión de los sistemas”, confía.

Pero pensando en un proceso de crecimiento continuo, agrega que el país necesita que su sistema eléctrico sea rehabilitado, modernizado y agrandado. “Será imprescindible elaborar un plan discutido, consensuado y aprobado por el Congreso, fijando los objetivos y las políticas públicas a implementar y seguir en los próximos años”, remarca.