El senador nacional por Chubut, Juan Mario Pais, reclamó al Poder Ejecutivo los dictámenes de la Oficina Anticorrupción y de la SecretarÃa de Etica Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción sobre la posible existencia de "incompatibilidades o conflictos de intereses" respecto de los funcionarios del Gobierno nacional que deben controlar a las empresas donde trabajaban hasta hace unos meses.
Entre los funcionarios apuntados por Pais se encuentran el ex CEO de la empresa LAN Argentina, Gustavo Lopetegui, actual secretario de Coordinación de PolÃticas Públicas en la Jefatura de Gabinete; Juan José Aranguren, ministro de EnergÃa y ex CEO y actual accionista de la compañÃa petrolera Shell; Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central y procesado por la causa del Megacanje; y MarÃa Eugenia Talerico, ahora vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera y ex abogada del banco HSBC en casos de lavado de activos.
Otros de los señalados por Pais son el ex presidente de Metrogas, David José Tezanos González, ahora interventor del Enargas; Ricardo Sericano, ex gerente de EDENOR, nombrado vocal del ENRE; Juan Antonio Garade, ex director de EDESUR y miembro de "G & P Management Consultants", designado también en el ENRE; y Manuel Alvarez Trongé, ex representante de la lÃnea área LATAM, designado director de AerolÃneas Argentinas.
El caso de Tezanos González adquirió relevancia durante la última semana porque deberá negociar con la empresa que conducÃa hasta el año pasado para realizar una "revisión tarifaria integral" del servicio de gas, lo que abre la puerta a futuros aumentos además del anunciado el viernes.
A la vez, el pedido de informes al Poder Ejecutivo incluye a Osvaldo Norte Sabino, ex socio del Estudio JurÃdico Marval, OFarrell & Mairal y actual subinspector general de Justicia; de RocÃo Balestra, ex asesora legal en Trasportadora Gas del Sur y actual directora de la Comisión Nacional de Valores; Mariano Federici, quien trabajaba para el Fondo Monetario Internacional y está vinculado al estudio de Juan Félix Marteau, a través de la Fundación Finint, uno de los principales litigantes contra la propia Unidad de Información Financiera y José Ignacio GarcÃa Hamilton, ex director del Grupo Carrefour y actual responsable de Legales y Relaciones Institucionales de la SecretarÃa de Comercio.
El senador comodorense puntualizó que la Ley de Etica Pública "establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a todas las personas que se desempeñen en la función pública, para velar por los intereses del Estado y la satisfacción del bienestar general, evitando el uso de información en beneficio de intereses privados".
En opinión de Pais "es necesario contar con toda la documentación que permita analizar si surgen incompatibilidades o conflicto de intereses ante el evidente vÃnculo entre las actividades desempeñadas en el sector privado por las personas designadas, y las responsabilidades que asumieron en el Estado nacional".
Fuente: El Patagónico
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