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Este jueves se reunirán autoridades provinciales y chilenas en Pelambres por la escombrera

20/12/2017 | ARGENTINA | Minería | 457 lecturas | 30 Votos



Así lo dijo el ministro de minería, Alberto Hensel. Sostuvo que viajarán con técnicos para determinar dónde se ubicarán las cámaras que harán el monitoreo permanente de la ejecución del plan de remoción.




Luego de que el juez federal ordenara a la minera chilena Pelambres retirar 35 millones de toneladas de escombros arrojados en territorio sanjuanino, hace una semana que la empresa comenzó con las tareas preliminares de remoción.

"Este miércoles, personal del Juzgado Federal, de la Fiscalía de Estado y de los Ministerios de Gobierno y Minería, se trasladarán a Calingasta y el jueves en la madrugada partirán a Pelambres, donde tendrán un encuentro con autoridades chilenas y quienes ejecutan las tareas de remoción", sostuvo el jefe de la cartera de Minería, Alberto Hensel.

Con ellos, viajarán técnicos que determinarán el lugar donde instalarán las cámaras de seguimiento y monitoreo permanente de la ejecución del plan acordado.

La resolución judicial fue dictada en el conflicto generado en 2014, cuando la minera internacional Glencore que tiene la concesión del emprendimiento de cobre El Pachón en tierras sanjuaninas, denunció que los chilenos habían arrojado escombros en territorio argentino sin autorización.

La escombrera ubicada en el Cerro Amarillo en la zona limítrofe de Calingasta de San Juan, contiene una montaña de más de 35 millones de toneladas de residuos minerales de la mina explotada del lado chileno, que fueron llevados más allá de la frontera, porque según la empresa, las autoridades chilenas les dieron mal las coordenadas del límite internacional.

De ese lugar, Glencore ya extrajo más de 500 neumáticos de gran tamaño durante el verano pasado, que amenazaban con contaminar las aguas del Río Carnicería, uno de los afluentes primarios del Río San Juan que llega hasta la capital cuyana.

La disposición de Rago Gallo, fue avalada por el Gobierno de San Juan a través del fiscal de Estado, Jorge Alvo. El juez otorgó 5 años y medio, más un año de gracia en el caso que las condiciones climáticas en la Cordillera de Los Andes dificulten los trabajos.

Fuente: San juan 8

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