Triunfo para las organizaciones de protección medioambiental en Brasil: el gobierno de Michel Temer revocó hoy un polémico decreto que abría una enorme reserva natural de la Amazonía a la explotación minera, después de fuertes protestas de activistas y grupos ecologistas.

El gobierno publicó en el diario oficial un decreto en el que revocó la extinción de la llamada Reserva Nacional del Cobre y Asociados (Renca), que abarca un inmensa área de unos 4 millones de hectáreas (47.000 kilómetros cuadrados) entre los estados de Pará y Amapá en el norte del país, una extensión un poco superior a Dinamarca.

La eliminación de la Renca había sido anunciada a finales de agosto y generó entonces una fuerte reacción pública. Varios sectores sociales y personalidades brasileñas, entre otros la modelo Gisele Bündchen, lanzaron campañas nacionales bajo el lema "Todos pela Amazonia" ("Todos por la Amazonía").

Temer dio marcha atrás "gracias a la amplia movilización de artistas, ambientalistas y de toda la sociedad", celebró la ex ministra de Medio Ambiente y líder política de izquierdas Marina Silva en su cuenta de Twitter.

El anterior decreto eliminaba la Renca, creada en 1984 todavía durante la dictadura militar (1964-1985), para abrir los territorios a la explotación minera privada. Se estima que la región tiene yacimientos de cobre y oro, entre otros metales.

La iniciativa forma parte de las medidas que impulsa el actual Gobierno conservador desde que asumió el poder en 2016 para intentar reanimar la maltrecha economía brasileña.

Temer es criticado desde hace tiempo por una política hostil hacia el medio ambiente, que pretende abrir áreas protegidas y reservas indígenas a la minería, la agricultura y la ganadería a gran escala.

Durante el mandato de Temer han aumentado también las denuncias sobre conflictos entre grandes latifundistas y grupos indígenas en varios estados con terrenos en disputa en el gigante sudamericano.

Varias comunidades indias fueron víctima de sangrientos ataques en los últimos meses. En su informe anual de 2016, la organización Global Witness consideró a Brasil como el "país más peligroso del mundo" para activistas que luchan por sus tierras, debido a la muerte de 49 personas el año pasado.