A partir del año que viene, las transferencias del Estado al sector gasífero, que este año totalizarán cerca de US$ 2000 millones, se canalizarán directamente a través de la demanda residencial - las subvenciones se otorgarán a las distribuidoras, con Metrogas, Gas Natural Fenosa y Camuzzi a la cabeza - en lugar de subsidiar a las grandes productoras como YPF, Pan American Energy (PAE), Total, Wintershall y Pampa Energía.

El cambio en la instrumentación de los subsidios está lejos de ser un retoque formal. Según como se instrumente, podría afectar a la baja el nivel de inversión en los yacimientos de gas durante el año que viene, tanto en los campos ya maduros como en Vaca Muerta y otros proyectos no convencionales, la gran apuesta del Gobierno para elevar la alicaída producción del hidrocarburo y bajar la millonaria factura de la importación de gas desde Bolivia y por barco de GNL.

El proceso tampoco está exento de fricciones entre el titular del área energética, Juan José Aranguren, y las petroleras privadas. Más bien todo lo contrario: el submundo de la energía está caldeado y las próximas semanas serán clave para definir una nueva hoja de ruta del sector.

¿Cómo se explica la escalada de la tensión entre Aranguren y las productoras? No hay que restarle importancia a la faceta personal: la génesis de la desconfianza entre el ministro y las empresas productoras de petróleo y gas se remonta a cuando éste negociaba como presidente de Shell el precio interno del petróleo con las grandes petroleras como YPF y PAE, que es controlada por la familia Bulgheroni. A contramano de lo que muchos creen, el desembarco de Aranguren a la función pública incrementó esas diferencias históricas con los privados. Son muy pocos los empresarios petroleros que han podido entablar un diálogo fluido con él.

Sin embargo, la tensión actual entre el ministro y las petroleras se explica fundamentalmente por la discusión en torno a cómo se desarrollará el negocio de gas a partir de 2018. Tras más de una década de intervencionismo durante los gobiernos kirchneristas, Aranguren quiere que recontractualizar el mercado de gas entre privados. En términos simplificados, quiere que las petroleras firmen contratos de venta de gas a largo plazo con distribuidoras, industrias y generadoras de energía.

No parece un objetivo disparatado. Pero en la práctica no es tan sencillo de lograr. A pesar de los fuertes aumentos de las tarifas domiciliarias de gas –con incrementos superiores al 400% desde agosto de 2016-, el precio que pagan los hogares aún no alcanza para cubrir el costo de desarrollo de los yacimientos no convencionales de tighy y shale gas, cuya explotación es más onerosa. Es decir, las tarifas que pagan los consumidores no reflejan el precio real de mercado. En otras palabras, para que la oferta local de gas se incremente el Estado deberá seguir subsidiando al negocio. La disputa se desgrana en el cómo y a quién subsidiar. (...)