Hasta el momento, la administración provincial, que encabeza el gobernador Mariano Arcioni, no se pronunció al respecto. Desde la industria petrolera cuestionan la iniciativa. Fuentes del sector petrolero remarcaron a EconoJournal el aporte que ya realizan a las cuentas públicas de la provincia , se interrogaron acerca del destino de tales recursos y aseguraron que sus planes de inversión se definen, entre otros aspectos, a partir de los marcos regulatorios de las provincias donde operan y su impacto en el costo total de cada proyecto.
La rentabilidad de los proyectos, añadieron, también está asociada al precio del crudo, a los costos operativos y al marco regulatorio (impuestos, regalÃas), y la cuenca del golfo San Jorge es una cuenca madura por lo que hacer inversiones tiene un costo superior comparado con otras cuencas con menos historia. Asimismo, recordaron que con la mejora del precio del barril de petróleo la industria volvió a evaluar proyectos que habÃan dejado de ser sustentables con un precio de barril por debajo de los 60 dólares, y remarcaron que la industria necesita mayores incentivos fiscales y un horizonte previsible para materializar nuevas inversiones y sostener la actividad de yacimientos de la cuenca.
Las petroleras más relevantes que operan en la provincia son YPF, PAE, CAPSA y Tecpetrol. El proyecto El proyecto consta de siete artÃculos y establece por el término de 18 meses el Impuesto al Sello a todos los contratos de la actividad, y un Impuesto extraordinario sobre el Multiuso de los territorios petroleros.
Asimismo, la iniciativa que encendió las alarmas empresarias establece por el mismo lapso un canon a la actividad pesquera provincial (dentro de las 12 millas marinas) y para la pesca artesanal un canon por renovación de permisos. Por otra parte, el proyecto establece por 18 meses un Impuesto Inmobiliario Rural a los Latifundios, para extensiones de tierra que superen las 10.000 hectáreas, en un valor 1.000 pesos la hectárea productiva y 2.000 pesos la hectárea ociosa. También establece un canon de 5,5 por ciento sobre la tonelada de aluminio elaborado a la empresa Aluminio Argentino SAIC (Aluar) y una tasa de 5 por ciento sobre el valor de los kilowats producidos por mes a cada molino eólico que se encuentre en el territorio provincial . Finalmente, fija un Impuesto al juego en un valor del 15 por ciento sobre las ganancias netas declaradas.
En lo especÃfico del sector petrolero los industriales del rubro remarcaron que la industria necesita estabilidad tributaria para sostener sus planes de inversión, e hicieron hincapié en que el proyecto contempla un adelanto extraordinario de regalÃas, y el cómputo de dicho adelanto como pago de regalÃas futuras , condicionado a que se alcancen ciertos niveles de producción, lo que implicarÃa un aumento indirecto de la alÃcuota de regalÃas, lo cual serÃa Inconstitucional. La Provincia no puede regular en materia de regalÃas hidrocarburÃferas por ser materia federal salvo por lo expresamente previsto en la Ley 17.319, que faculta a las Provincias, como autoridad concedente, a reducir la alÃcuota, se recordó.
Además, los empresarios petroleros aseguran que la Provincia no puede exigir el pago de anticipos o adelantos de regalÃas, ya que la Ley 17.319 prevé que los pagos son mensuales . Con relación a una regalÃa sobre las ventas de energÃa eólica producida en la Provincia, se recordó que Chubut adhirió a la Ley 27.191 Régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energÃa destinada a la producción de energÃa eléctrica, que prevé que el acceso y uso de las fuentes renovables de energÃa no estará gravado por ningún tipo de tributo especÃfico, canon o regalÃas, sean nacional, provinciales o municipales, hasta el 31 de diciembre de 2025.
Fuente: Econojournal
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