El derrame de cianuro en la mina de Veladero, San Juan, hace casi un mes, sigue generando polémica. Primero, el gobierno puntano y la cámara sectorial de la provincia buscaron minimizar el impacto del accidente. Luego, la propia multinacional canadiense buscó despegarse, alegando un error individual de la cúpula que administra la mina. Sin embargo, pronto la minera reconoció que la cantidad de solución cianurada volcada en el curso de agua no era de 15 mil litros, como dijo en un primer momento, ni 224 mil, como dijo después, sino 66 veces superior: casi un millón de litros. Con el paso de los días, las consecuencias del caso, que mantiene en vilo a la cercana población de Jáchal y que causó cruces entre el oficialismo y la oposición, comenzaron a mostrar un elevado nivel de gravedad.

Nueve empleados de Barrick Gold fueron imputados judicialmente; un estudio realizado por la Universidad Nacional de Cuy o a sólo 48 horas del derrame mostró que al menos seis de las 11 muestras que se tomaron, los valores de aluminio, manganeso y mercurio hallados superan los límites permitidos para beber, para la vida acuática y para el riego y el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, rechazó el estudio y acusó a la UNCuyo de "sembrar terrorismo".

"Es un desastre ecológico", afirmó una experta en medioambiente. La mina fue primero suspendida por unos días, luego habilitada, y de nuevo suspendida. En ese contexto, el organismo técnico de Naciones Unidas que contrató el gobierno de San Juan para auditar todos los proyectos mineros comenzó a estudiar la calidad del agua en el área de influencia de la mina Veladero.

La Organización del Sistema de las Naciones Unidas para la gestión de proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) informó que "esta semana inició labores de campo el equipo técnico multidisciplinario" luego de que el 2 de octubre fuera aprobado el proyecto que presentó al gobierno local y en el que trabajarán todo el mes.

La UNOPS estimó en un comunicado publicado ayer, que el informe final estará listo en dos meses e incluirá la toma de muestras en aguas superficiales, subterráneas y sedimentos en más de un centenar de sitios. "El estudio, que contempla dos fases de evaluación y producirá resultados en aproximadamente 60 días, valorará técnicamente el estado y la calidad del agua de los ríos Potrerillos, Las Taguas, La Palca, Blanco y Jáchal", indicó.

El organismo añadió que "también se recogerán muestras en los puntos de captación de agua en las localidades de El Chinguillo, Malimán y Angualasto". UNOPS recordó que fue contratada el año pasado por la gobernación para monitorear los proyectos de minería metalífera de la provincia.

"En una primera fase se tomarán muestras de aguas superficiales, aguas subterráneas y sedimentos a lo largo de 121 puntos distribuidos en cuatro zonas determinadas. Sobre estas muestras, se realizarán determinaciones analíticas correspondientes a parámetros físico-químicos, inorgánicos, orgánicos, metales totales y metales disueltos", detalló el comunicado.

Además, señaló que en nueve puntos localizados aguas abajo del sitio del derrame de cianuro "se realizarán análisis para conocer el estado ecológico de estos ríos, indagando sobre posibles variaciones en las comunidades biológicas características de esa zona". En una segunda fase realizarán "monitoreos semanales" y compararán los resultados "con datos históricos existentes, lo que permitirá identificar cambios o anomalías en las características actuales del agua".