"El intendente Páez no presentó en la actualidad ni un solo proyecto para la inversión de fondos provenientes de regalías mineras para ser destinadas a obras para el desarrollo productivo. En tanto, entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015 recibió por regalías mineras más de 90 millones de pesos. Debiera explicar en qué gastó esos recursos”, reclamó Guerrero. Recordó, además, que el estudio de Impacto Ambiental que anuló la Corte Suprema de Justicia de la Nación en marzo pasado sobre el proyecto Agua Rica "fue el que había aprobado el Gobierno del Frente Cívico y Social de Eduardo Brizuela del Moral en el año 2009”.

Por último, señaló que "quedó claro" en la reunión con Páez que la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante de Andalgalá, que prohíbe la minería a cielo abierto en la cuenca del río Andalgalá, "es inconstitucional".

"La ordenanza del CD de Andalgalá es un canto a la vida, a la protección del medio ambiente; son los hijos de esa tierra, de ese río. Peronistas y radicales, el pueblo en su conjunto, se expresa a favor de la vida. No en contra de la minería, como lo pretende hacer creer el Gobierno provincial”, reflexionó Lobo Vergara. Sostuvo que el proyecto de ley de Coherencia Minera promovido por la Gobernadora "es en realidad una ley extorsiva y antidemocrática" que debería llamarse "disciplinamiento económico de los municipios”.

Y agregó: "Están desesperados por los recursos que genera la minería, aun a costa de la vida de los andalgalenses".