"Esto demuestra de forma inobjetable el irresponsable manejo de la minería, un tema tan sensible al pueblo de Catamarca", dijo.

"La ley de coherencia minera es un proyecto con media sanción promovido por los más altos mandos del gobierno provincial, cuyo objetivo es someter a una administración municipal y extorsionar a otras que puedan pretender defender su medio ambiente, generando un disciplinamiento financiero inadmisible y claramente antidemocrático", expresó el presidente de la UCR.

"El falso anuncio, varias veces publicitado de la convocatoria a los concejales y al intendente de Andalgalá por el senador departamental del FV, Juan Carlos Espinoza, sin notificar a las partes, es pura cháchara (decía Don Vicente Saadi) son una bofetada al pueblo catamarqueño y especialmente al de Andalgalá, quienes viven en estos días momentos de zozobra por la cuestión minera".

"Pareciera que este Gobierno quiere hacer callar al chango a garrote limpio. No vaya a ser cosa que la solución la encuentren por el lado de tensar la cuerda, iniciando acciones judiciales en contra de la decisión del municipio de Andalgalá. De ser así, cuánto se alejarían de la necesaria y estratégica licencia social", agregó.

Por otro lado, se refirió al "desmanejo y descontrol de la empresa minera provincial CAMYEN, lo que pone un importante manto de duda en la administración de los recursos mineros provinciales".

Por último, dijo que el Gobierno debe tomar con seriedad la cuestión minera.