De poco valdría un acuerdo de cúpulas, por consistente que fuera, si luego lo escrito no es aceptado por las comunidades en las que podrían desarrollarse los futuros proyectos.

Aparentemente esto está siendo considerado por algunos responsables pese a que el tiempo que se han fijado es perentorio pues se aspira llegar a la próxima Feria Internacional de Toronto con un esquema legal claro y de respeto a largo plazo. Los recientes viajeros a Canadá, muchos de los cuales lo hacen con frecuencia anual, notaron que no ha sido suficiente el cambio de gobierno y de parámetros macroeconómicos para convencer a inversores amedrentados por los sucesivos virajes que diera el Gobierno anterior modificando reglas de juego de contratos en ejecución.

La Ley de Inversiones Mineras garantiza en su texto el mantenimiento de las condiciones impositivas para todo el lapso de un proyecto, no obstante lo cual se impusieron restricciones fuertes como, por ejemplo, la prohibición de girar dividendos al exterior, la obligación de liquidar el total de dólares de lo exportado en un Banco Central que imponía una tasa de cambio ficticia retrasada respecto de la real, devoluciones tardías de IVA a valores nominales con alta inflación, agregado de retenciones y una batería de modificaciones que hicieron caer o directamente desaparecer la rentabilidad de minas en explotación y desaparecer la exploración. Localmente también hubo innovaciones como “pedirâ€� algún fideicomiso o modificar el cálculo de regalías. 

¿Habrá certeza de que eso no vuelva a ocurrir? Evidentemente no basta con las ideas del Gobierno de turno sino también de los consensos con la oposición, al menos la parte de ella que pueda constituir en el futuro una mayoría estable. Esto es ni más ni menos que volver a trabajar en la consolidación de una política de Estado, que rigió varios años, desde la misma sanción de la Ley hasta la administración de Cristina, período en el que llegaron las inversiones directas más grandes de toda la historia minera de Argentina. 

Otra cuestión es ver si el país podrá comportarse como tal y no como un conjunto anárquico de provincias y municipios en que cada cual actúa como le parece. Esta será la parte más difícil y es lo que más dudas origina afuera. Se tiene claro que, pese a una legislación general común, cada provincia, y hasta cada municipio se comportan como distritos autónomos no sujetos a una misma regla, por más que formalmente esa regla exista.

Así, no es lo mismo San Juan que Mendoza o Catamarca que La Rioja. Poblados pequeños como Andalgalá o Esquel tienen sus propias ideas y han mostrado más capacidad de llevarlas a la práctica que las autoridades nacionales. En algunos casos han sancionado prohibiciones sin la debida legitimación de jurisdicción, no admitiendo autoridad superior que la propia, un comportamiento tribal con caciques que no parecen provenir de la democracia ni de la república. (...)