En silencio y sin hacerlo público, el Gobierno diseña desde hace meses una estrategia para destruir el espíritu de la ley de glaciares a través de una reglamentación que desvirtúe la definición de glaciar y allane el camino para la instalación de mineras en zonas prohibidas.

Infobae tuvo acceso a dos documentos que fueron enviados de manera anónima a los querellantes de la causa en la que se investiga el incumplimiento de la ley de glaciares. Este medio pudo corroborar de manera independiente con trabajadores de las dependencias involucradas la veracidad de las cuestiones tratadas en los documentos, que muestran la estrategia diseñada por técnicos de la Secretaría de Minería, y las discusiones internas. El primero es un borrador de la reglamentación que debería firmar el presidente Mauricio Macri y el segundo es una presentación en Power Point que describe con detalles cómo hacer para demoler algunos artículos clave de la ley.

El Gobierno prometió 20 mil millones de dólares en inversiones mineras. El documento habla de más de 25 mil millones de dólares de inversiones potenciales, pero sabe (y sabía el Presidente cuando hizo el anuncio) que no menos 16.360 millones sólo llegarían si las condiciones internacionales y locales lo permiten, y si la ley de glaciares deja de existir.

De acuerdo al documento del propio Gobierno, hay cuatro proyectos que contienen en su área geoformas mapeadas en el Inventario Nacional de Glaciares. Son Altar, Pascua Lama, Los Azules y Pachón, todos en San Juan.

Las inversiones que el gobierno estima en esos proyectos son de 10 mil millones de dólares, pero el deseo está lejos de la realidad, ya que además de la violación de la ley, Pascua Lama fue frenado por la Justicia chilena por contaminar dos glaciares y Pachón está absolutamente paralizado y en medio de un conflicto binacional con Chile por la escombrera de una minera trasandina que contaminó lagos y secó vegas en Argentina, entre otras cosas.

Y hay otros tres proyectos, por 6.360 millones de dólares, con "potencial conflicto" con la ley de glaciares. El "potencial", en realidad, es porque esos lugares todavía no fueron inventariados. En otras palabras, son zonas que una vez que sean incluidas en el inventario de glaciares deberán ser protegidas. Son los proyectos Agua Rica, en Catamarca, donde esperan dar continuidad a Bajo La Alumbrera, el primer proyecto minero a gran escala del país; y los proyecto Del Carmen y Constelación, en San Juan. El primero de esos proyectos es de Barrick Gold, mientras que el segundo afectará directamente al glaciar El Potro, uno de los más grandes de Sudamérica. (…)