En el 2013 se aprobó la nueva ley de hidrocarburos (LEY XVII Nº 102) la cual estableció el nuevo marco regulatorio de la actividad hidrocarburífera en la provincia del Chubut.

Los aspectos más comentados fueron la renegociación de las concesiones y los aportes en conceptos de reparación histórica, sin embargo esta incluye ciertas políticas ambientales y de desarrollo que poco se analizaron públicamente.

Tal es así, que en uno de sus artículos, específicamente el n° 39, establecía que: “Los residuos peligrosos y/o petroleros, de acuerdo a las legislaciones aplicables, deberán ser tratados y dispuestos adecuadamente dentro del territorio Provincial, cuando existan las tecnologías y empresas habilitadas, en los respectivos registros. La presente será aplicable a los contratistas y sub-contratistas de las respectivas empresas concesionarias”.

Si bien este artículo luego fue reglamentado por el Ejecutivo provincial en forma desacertada y en sentido contrario al espíritu del mismo, con o sin conocimiento de ello, esta ley generó una nueva política pública asociada a la gestión de los residuos industriales de la actividad hidrocarburífera y a favor del medio ambiente.

Muchas veces cuando hablamos de residuos sólidos urbanos, hablamos de los principio de reducción, reutilización y reciclaje, todo ello en el sentido de minimizar la cantidad de residuos, reaprovecharlos y sobre todo reciclarlos para transformar residuos en recursos para otras industrias. Este el principio elemental que toda política ambiental debe incluir.

La industria petrolera, entendiéndose por las operadoras de yacimientos hidrocarburíferos y por sus contratistas, son grandes generadores de residuos petroleros y peligrosos.

Existe una distinción entre ambos en cuanto a la gestión y formas de tratamiento, aunque en más de un caso son físicamente iguales. Los residuos peligrosos son regulados por la ley nacional 24051 y ley provincial XI Nº 35 (ex-5439), en cambio los residuos petroleros son regulados por el nuevo decreto provincial 1005/16.

Luego de varios años de la aprobación de la ley y tras arraigarse esta nueva política ambiental y petrolera, se están generando nuevos proyectos de inversión, con nuevas tecnologías y altos estándares de cuidado del medio ambiente, para tratar estos residuos y transformarlos en recursos. (…)