Si bien ya se anunció meses atrás la reversión de áreas de Sinopec, las sanciones ambientales aplicadas a YPF –potenciada por las declaraciones de Ricardo Murcia a ADNSUR- y el clima de reclamo hacia esa operadora por la responsabilidad solidaria con SP apuntaron otra vez la mira hacia la compañía nacionalizada.

¿Hay un escenario similar al de 2012, cuando se revirtieron áreas a la petrolera en Chubut, previo al proceso de estatización parcial?

Es posible que el mandatario provincial se estuviera refiriendo a la salida de Sinopec, compañía que anunció también su decisión de revertir las áreas (en ese caso, “devolverlas”), de pequeña escala productiva, que explotaba en Chubut y que no le resulta de interés mantener en actividad.

En ese proceso, la provincia se encuentra preparando la licitación para una nueva concesión, mientras en los últimos días se habló del interés de un grupo canadiense, sin mayores precisiones.

Se especuló también con un posible interés de Capsa, la compañía que aun en plena crisis logró mostrar incrementos de producción y perforación de pozos.

Sin embargo, hábil jugador al fin, la mención sin precisiones del gobernador le permitió sembrar nervios en varios despachos. La tensión con YPF es conocida, a partir del conflicto de SP, aunque incluso desde el ámbito sindical se puso en duda que el gobierno esté pensando en una medida drástica, como resulta una reversión, hacia esa operadora.“Se le tiene que exigir (a YPF) que asuma la responsabilidad solidaria con los 500 trabajadores que todavía dependen de esa contratista, más allá de los 24 muchachos que hicieron el acuerdo de desvinculación cuando ya la empresa estaba concursada –señaló uno de los actores gremiales, desde la sinceridad que permite el off the record-; algunos funcionarios se preocupan más por esos acuerdos que por las 250 suspensiones y los 500 puestos de trabajo que están en riesgo; pero no creo que se apunte a una reversión de áreas en este momento”.

Los actores gremiales saben que una decisión así no es gratuita, considerando el impacto inmediato que provoca el proceso en cuanto a paralización de actividad y los tiempos que demandaría un eventual nuevo proceso de licitación. En esa transición, en el “mientras tanto”, los puestos de trabajo (de todas las contratistas involucradas) se paralizan. (...)