En el marco de la Asamblea Ordinaria N°83 del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y con la participación de representantes de las carteras ambientales de las 23 provincias junto con Capital Federal, se decidió observar el documento redactado por el Consejo Federal de Minería (Cofemin), aduciendo que la autoridad ambiental no tuvo incidencia en la creación de ese pacto.

Pidieron garantizar la protección ambiental

Esta reunión se realizó en la provincia de Buenos Aires y el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, fue el representante de Mendoza.

Dentro de las observaciones del Cofema se encuentra la preocupación por la ausencia de responsables de ambiente en las distintas comisiones para la elaboración del Pacto Federal Minero. Además, la falta de consulta por parte de Cofemin a las autoridades de Cofema y la creación de un organismo superior a estos dos consejos del cual no están claramente establecidas las competencias.

Los integrantes del Consejo Federal de Medio Ambiente argumentaron ante el Consejo Federal de Minería la revisión del Pacto Federal Minero para garantizar la elaboración de estudios ambientales de profundidad y la revisión de los distintos organismos de control para garantizar las normativas que harán hincapié en la protección ambiental.

El Pacto Federal está íntimamente ligado a la política minera que confeccionó Emilio Guiñazú, ya que el mismo funcionario fue el representante mendocino en el proceso para redactar el nuevo pacto nacional. De ahí que se de pos descontado que una y otra se complementen y apunten a lo mismo, el desarrollo de la actividad minera con altos estándares de calidad y seguridad.

Por eso, con la política mendocina escrita y en análisis, y el Pacto Federal esperando las firmas de los gobernadores, no cabe duda que llegó el momento de hablar de minería en Mendoza, pero de una forma totalmente distinta y con un texto que puede convertirse en la base de una actividad o sepultarla definitivamente.

Entre las cuestiones que consideraría el texto, está el desarrollo de la minería de primera categoría sin tocar la legislación actual que limita el uso de algunas sustancias, la ley 7.722. Sin embargo, queda la duda si en el documento se pide o sugiere la reglamentación de la norma, la cual aclararía cuestiones que hoy generan discusión, como por ejemplo, el rol de los legisladores en el proceso de aprobación de los proyectos.