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ARGENTINA
0 votos | Minería | 19/04/2017


Por Veladero, analizarán la sangre de los habitantes de siete pueblos

»   Apuntan a verificar si, por 3 hechos, hay impactos en la salud de los habitantes de 7 pueblos de Jáchal e Iglesia.

Luego del tercer incidente en Veladero, el juez Pablo Oritja ordenó que el personal del Ministerio de Salud Pública tome muestras de sangre a los habitantes de siete pueblos de Iglesia y Jáchal para saber a ciencia cierta si en sus organismos tienen metales como consecuencia de la actividad y de otras dos fallas en la mina, una de las cuales fue un derrame de solución cianurada.

Los lugares elegidos se deben a que están ubicados en las cercanías de los ríos que, de una u otra manera, están en el área de influencia del yacimiento. El magistrado jachallero le puso un tope de 30 días a la cartera sanitaria para llevar a cabo el muestreo y señaló que en el transcurso de esta semana estarán enviando los oficios para que empiecen a correr los plazos.

La medida judicial se da en un escenario en el que la empresa Barrick, operadora de Veladero, atravesó por un derrame de solución cianurada que llegó a tres ríos iglesianos y dos incidentes en el valle de lixiviación (el área donde se separa el oro de la roca con cianuro). Todas esas fallas se produjeron en tan sólo un año y medio.

Frente a ese contexto, Oritja explicó que dispuso ahora de los muestreos para conocer si desde la primera fuga (ocurrida en septiembre de 2015) y con el paso del tiempo, ha habido algún impacto en el organismo de los pobladores de las zonas más cercanas a la mina, fruto de la actividad extractiva y de los sucesivos incidentes. El segundo se produjo en septiembre de 2016 y el tercero en marzo pasado. 

La medida que dispuso Oritja no tiene relación con la cautelar que frenó la mina.

En su resolución, el juez mandó a que se tomen muestras de sangre a las cerca de 340 familias iglesianas de las localidades de Angualasto, Malimán, Malimán de Arriba, Chinguillo y Buena Esperanza, sumado a los habitantes del paraje La Isla, La Represa y la zona del Dique Pachimoco, en Jáchal. Oritja señaló que la cantidad de muestras estará sujeta a lo que Salud Pública considere “pertinente”, con el objetivo de analizarlas y detectar si hay presencia de metales como manganeso, plomo, mercurio, cadmio, cobre, cromo total, zinc, aluminio, bario y cianuro.

En el caso de que se llegasen a descubrir, dispuso que se informe si “su incorporación (en los cuerpos de las personas) ha sido de manera crónica a aguda” o si tuvo el carácter de intoxicación. Ante esa hipótesis, el magistrado destacó que tomará las medidas necesarias para garantizar la salud de los pobladores, aunque aclaró que aún no las tiene definidas porque ese supuesto no se ha corroborado y porque tendrá que consultarlas con especialistas y técnicos.

Si bien los habitantes de esos lugares no toman agua del río, Oritja manifestó que la idea es averiguar si las plantaciones o cultivos que consumen se han visto eventualmente afectados por la actividad minera. 

Oritja además dispuso que los organismos oficiales y las universidades que vienen haciendo estudios de agua le hagan una evolución de los niveles de metales encontrados en los distintos puntos de muestreo y que los comparen con la línea base, es decir, los registros antes de que se instalara la actividad minera.

El juez es el que frenó, a través de una cautelar, la actividad en el valle de lixiviación tras el último incidente. El Gobierno también había suspendido los trabajos en la mina hasta que Barrick garantice la seguridad en las operaciones. Para ello tiene que presentar un plan integral, el cual, según fuentes oficiales, será entregado el viernes.

Fuente: Diario de Cuyo


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