Hace días la cámara de comercio neuquina (Acipan) alertó sobre la creciente conflictividad social en la provincia. La foto encierra una paradoja difícil de digerir: el gobernador Omar Gutiérrez repite en las últimas horas que Neuquén es el segundo destino nacional con mayor inversión extranjera; los comerciantes, por su parte, mostraron que el territorio neuquino es la segunda provincia con más protestas. La cantidad de paros, cortes de rutas, marchas y protestas creció un 40% en el primer trimestre.

En el marco de los extendidos reclamos, las operaciones petroleras vienen siendo objeto cada vez más de muchas de las protestas de trabajadores foráneos a la actividad. No pocos dirigentes gremiales identifican al sector como un objetivo a “golpear” para conseguir la atención de los gobernantes, que la mayoría de las veces no intervienen para descomprimir los reclamos.

“Río Negro Energía” consultó a referentes de las principales compañías petroleras sobre el clima de tensión que describió la cámara de comercio local y si bien la mayoría reconoció que, más allá de tratarse de un año electoral, no esperan una escalada de conflictos sociales, coincidieron en señalar como un hecho de gravedad lo ocurrido la semana pasada en el equipo DLS 167 que ATE Río Negro tomó en el área Estación Fernández Oro, operada por YPF.

En el mundo petrolero, las escenas de la protesta estatal causó estupor. El equipo se encontraba en ese momento perforando a casi 2.500 metros de profundidad y había alcanzado la formación Lajas Inferior. Generalmente en esa zona las presiones superan 3.000 PSI y para los técnicos en caso de que hubiese ocurrido un accidente, la protesta podría haber terminado como una tragedia.

No es la primera vez que un grupo de manifestantes irrumpe en una locación petrolera. Si bien no suele trascender, las compañías logran negociar con las personas para que se manifiesten pero resguardando la seguridad de los trabajadores, las instalaciones y de ellos mismos. Lo que comienzan a percibir desde las operadoras es que esa relación cada vez más corre los límites.

Cualquiera que haya visitado una locación conoce el exhaustivo protocolo de seguridad al que las empresas someten a trabajadores y visitantes. Además del entrenamiento para moverse en las estructuras se exige vestimenta adecuada, cascos, y protectores oculares, entre otros. También se capacita al personal ante cualquier riesgo surgido de una operación. Incluso alcanza con saber que la subestructura de un equipo de perforación tiene 10 metros de altura: una caída desde ahí puede ser fatal.

Todas las compañías petroleras tienen protocolos ante una interrupción imprevista en una locación. “Siempre la prioridad es garantizar una operación segura bajo cualquier circunstancia”, aseguró un representante de una compañía internacional.

Sin embargo, más allá de resaltar que el objetivo prioritario es la seguridad en la locación, señalan que la interrupción de las actividades tienen un significativo costo para las operaciones. La paralización de un equipo de perforación puede costar hasta 40.000 dólares diarios o incluso si existe algún desperfecto y se pierde la perforación, se deberán anotar en negativo entre 10 y 8 millones de dólares, dependiendo de la locación.

La conflictividad en los campos petroleros del país es un ítem en la agenda de los inversionistas del sector. No solamente se trata de casos extremos como la ocupación de una torre de perforación. Los cortes de ruta, la paralización de locaciones, los bloqueos en las picadas y el cierre de tranqueras campo adentro, son algunas de las postales que comienzan a florecer a la par del crecimiento de la actividad. (...)