La cita en el hotel The Houstonian sirvió para que las máximas autoridades de APR Energy, una compañía norteamericana de generación de energía, plantearan sus críticas al Presidente y al ministro de Energía, Juan José Aranguren, vinculadas a los inconvenientes que está sufriendo la empresa eléctrica para construir dos centrales térmicas en el país. Así lo indicaron a EconoJournal dos ejecutivos del mercado de generación sin contacto entre sí.

La demora en los plazos de instalación de esos proyectos, que fueron adjudicados a APR Energy bajo el paraguas de una licitación realizada el año pasado por el Gobierno, le costó a la firma norteamericana la aplicación de multas millonarias. En concreto, Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista (MEM) y firmó los contratos de compra de energía con las adjudicatarias de la compulsa oficial, multó por US$ 46 millones a APR Energy por el atraso en la construcción de dos usinas en la provincia de Buenos Aires, una de 215 megawatt (Mw) en Matheu y otra en Pilar por 94 Mw. Fueron, en rigor, US$ 27 millones por la primera y US$ 19 millones por la segunda.

El caso provocó un compendio de acusaciones cruzadas entre los actores. APR Energy cargó duramente contra las autoridades de la Aduana, que responden a Juan José Gómez Centurión, por la demora de más de siete meses para habilitar el ingreso de 28 unidades de generación importadas por la compañía. “Es de sentido común que ninguna nacionalización de un equipo importado puede demorar tanto tiempo”, indicaron fuentes cercanas a APR Energy. Consultados por este medio, voceros de la empresa norteamericana indicaron que “no es el momento de realizar declaraciones”. A raíz del cortocircuito con el Gobierno, la firma removió a todo su directorio en el país. La gerencia actual está a cargo de un ex militar retirado de EE.UU.

Allegados al Gobierno responden, por el contrario, que la empresa subestimó los plazos lógicos que demanda la operación de un emprendimiento energético en la Argentina. “Pecó por su inexperiencia en el país al desconocer cuáles son los tiempos que demanda la implementación de una obra de este tipo”, explicaron.

Lo concreto es que la central de Matheu tenía que entrar en operaciones el 31 de diciembre del año pasado lleva más de cuatro meses de demora. La de Pilar tenía que arrancar el 27 de enero pasado. Tampoco entró en operación. A raíz de eso, el Ministerio de Energía intimó a la empresa –vía Cammesa- a que regularice la situación, bajo amenaza de rescindir el contrato de adjudicación y ejecutar la garantía presentada.

Para justificar el incumplimiento de los plazos de concesión, APR Energy alegó motivos de fuerza mayor –uno de los argumentos previstos en el articulado del pliego licitatorio-, al igual que otras compañías que están demoradas en cuanto a la fecha de ingreso de sus proyectos, como Río Energy y SO Energy, también ganadoras de la licitación realizada bajo la órbita de la resolución 21/2016 de Energía. Sin embargo, Cammesa desestimó de plano esos planteos. Por lo que APR apeló a una segunda instancia de resolución de divergencias. En ese marco, la compañía presentó ayer una serie de elementos probatorios para sostener su posición. La estrategia es trasladarle la responsabilidad a la Aduana.

Para el Gobierno, la situación presenta ribetes que acentúan el nivel de complejidad. Por tratarse de una empresa norteamericana, la caja de resonancia es mayor. Además, en el centro de escena quedó la Aduana, un organismo hipercuestionado en los últimos años por las trabas para importar equipos e insumos que no se producen en el país. A su vez, el de APR Energy se presenta como un caso testigo de la aplicación de multas millonarias a una empresa adjudicataria de una licitación oficial que incumplió los términos de un contrato.

El proceder del Gobierno sentará jurisprudencia a futuro. “Si Energía se muestra débil y permeable al pedido de APR corre el riesgo de enviar al mercado un mensaje equívoco de poca rigurosidad”, analizó un encumbrado directivo al sector. “Pero si se mantiene firme en cuanto al cobro de las multas establecidas por Cammesa, el riesgo es que varias empresas como APR queden al borde la quiebra por la magnitud de las multas”, agregó. Con ese mar de fondo, lo más probable es que Energía y la compañía norteamericana busquen una solución negociada en el marco de una mediación extra judicial que podría realizarse en junio.