Las normas allanaron el camino para la puesta en marcha del primer yacimiento no convencional. La eliminaci贸n de las audiencias p煤blicas fue una de las objeciones.

El 4 de abril de 2013 el gobernador Jorge Sapag excluy贸 por decreto a la actividad hidrocarbur铆fera, que contempla los pozos de desarrollo y exploratorios convencionales y no convencionales, de aquella que requer铆a un estudio de impacto ambiental, y por ende de la realizaci贸n de una audiencia p煤blica como mecanismo participativo de car谩cter previo. Cuatro meses despu茅s la Legislatura convalid贸 el acuerdo firmado entre el ministerio de Energ铆a e YPF que permiti贸 el desembarco de Chevron, y el desarrollo del primer yacimiento no convencional del pa铆s en Loma Campana.

El decreto en cuesti贸n 鈥揺l 422/13- fue atacado judicialmente. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por unanimidad rechaz贸 la acci贸n de inconstitucionalidad contra la provincia. El vocal Ricardo Kohon, que hizo el voto al que adhiri贸 el resto sin agregar una coma, dijo que el poder Ejecutivo se encontraba habilitado para emitir la norma. Se帽al贸 que la administraci贸n 鈥渢iene competencia para determinar si la actividad que va a realizarse requiere o no del estudio de impacto ambiental y la consecuente audiencia p煤blica鈥�.

El m谩ximo tribunal provincial demor贸 cuatro a帽os en expedirse. Rub茅n Etcheverry, tit ular de Gas y Petr贸leo de Neuqu茅n (GyP) durante el gobierno de Sapag, fue el impulsor de la acci贸n. Cuando la hizo, en 2013, era candidato a diputado nacional por Compromiso C铆vico, una fuerza que amalgamaba a NCN, el Pro, CC-Ari, la UCR, y estaba acompa帽ado por Marcelo Inaudi, que aspiraba a ser senador.

Etcheverry sosten铆a que el Ejecutivo no ten铆a competencia para dictar normas en materia ambiental y en particular 鈥渟obre excepciones a la aplicaci贸n de principios esenciales para su tutela鈥�. Enfatizaba en que esto era incumbencia del poder Legislativo.

La fiscal铆a de Estado planteaba que la participaci贸n ciudadana 鈥渟e encuentra cumplida, en tanto la planificaci贸n del desarrollo de la industria hidrocarbur铆fera ha formado parte de las plataformas electorales de los sucesivos gobiernos elegidos mediante elecci贸n popular鈥�. Argumentaba que los cambios introducidos 鈥渘o son representativas de la totalidad de la actividad hidrocarbur铆fera鈥� e indic贸 鈥渜ue en ning煤n momento la perforaci贸n de pozos explotados mediante la t茅cnica extractiva convencional, que constituyen el 93% de los existentes en la provincia, requiri贸 de presentaci贸n de estudios de impacto ambiental鈥�.

El expresidente de GyP tambi茅n cuestion贸 el decreto 1162/13 que adher铆a al r茅gimen de promoci贸n de inversi贸n para la explotaci贸n de hidrocarburos creado por la administraci贸n de Cristina Kirchner. Para la provincia se trataba s贸lo de una 鈥渕anifestaci贸n de la voluntad pol铆tica鈥� de Sapag de acompa帽ar al gobierno nacional en su pol铆tica hidrocarbur铆fera. El TSJ asegur贸 que la adhesi贸n 鈥渇ue producto de un acuerdo arribado entre el Estado Nacional y la provincia con base en el federalismo de concertaci贸n estatuido en el art铆culo 8 de la Constituci贸n Provincial鈥�.