Tras la fuerte polémica generada en noviembre del año pasado por la decisión de condonar una deuda de alrededor de $ 20.000 millones contraída por distribuidoras eléctricas con el Tesoro nacional, el Gobierno volvió parcialmente sobre sus pasos y optó por una salida intermedia. Con los coletazos de la crisis provocada por el tarifazo de gas y la fuerte suba de las facturas eléctricas para hogares porteños, el Ejecutivo le bajó los decibeles a la cuestión.

La Casa Rosada modificó la redacción del artículo 15 de la Ley de Presupuesto –cuya primera versión ya tenía media sanción en Diputados-, a fin de relativizar el beneficio a las compañías eléctricas. En términos simplificados, el texto que finalmente aprobó el Congreso estableció que el Ministerio de Energía debe realizar una serie de análisis cruzados para determinar si efectivamente corresponde ‘perdonar’ la deuda acumulada por las distribuidoras –Edenor, Edesur, EPEC, EPE, Edelap y Endemsa, entre muchas otras- con Cammesa, la empresa mixta controlada por el Estado que administra el mercado eléctrico mayorista.

Con soporte de los entes reguladores de la electricidad de todas las provincias, la cartera que dirige Juan José Aranguren tiene que calcular, por un lado, cuánto dinero del Estado recibieron las empresas en el marco del programa de Convergencia Tarifaria que llevó adelante la administración kirchnerista entre 2014 y 2015. Esa iniciativa, que funcionó bajo la órbita del Ministerio de Planificación que dirigió Julio De Vido, contempló el financiamiento pública de obras en la redes de distribución para las empresas que se comprometieran a no aumentar las taridas eléctricas para hogares.

Al mismo tiempo, los técnicos de Energía ponderará, en términos contrafácticos, el nivel de ingresos que hubiesen facturado las distribuidoras si el gobierno anterior no incumplía el marco regulatorio vigente y permitía una adecuación y un aumento de las tarifas al ritmo de la inflación. Este punto está en línea con el argumento de las distribuidoras, que alegan que se vieron obligadas a dejar de pagar las facturas de compra de energía a Cammesa porque sus ingresos eran insuficientes -a raíz del congelamiento tarifario- para cubrir sus costos operativos.

Concretamente, lo que prevé la Ley es saber quién le debe a quién. Si el Estado a las empresas o a la inversa. Por la cantidad de años en que el kirchnerismo prohibió los incrementos de las facturas de luz, se desprende que la posición de los privados es más sólida. Sin embargo, pese a que ya transcurrió el primer semestre del año el Gobierno aún no avanzó con los estudios específicos para determinar los montos en cuestión ni se contactó con las empresas distribuidoras para cotejar la información.

“Es un tema que nos preocupa porque la deuda sigue impactando negativamente en nuestros balances, complicándonos a la hora de buscar crédito para realizar las inversiones comprometidas en la Revisión Tarifaria Integral (RTI)”, explicó a EconoJournal el presidente de una empresa distribuidora.

Entre los mayores deudores figuran EPEC de Córdoba, Edelap, Edenor, Edesur, Edemsa de Mendoza, DPEC Corrientes.  “Lo más probable es que la resolución de este tema queda para el último trimestre del año, para después de las elecciones. La agenda del ministerio tiene hoy otras prioridades”, analizaron desde otra empresa distribuidora. (…)