En la industria gasífera se respira una atmósfera viciada. Se percibe una tensa calma que anticipa una tormenta. Todo gira en torno a una deuda de más de $ 10.000 millones  (si se computa el capital más los intereses) que las distribuidoras de gas –con Camuzzi, EcoGas y Metrogas a la cabeza- acumularon el año pasado con las empresas productoras del hidrocarburo a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia que anuló el primer aumento de las tarifas residenciales y afectó severamente los ingresos de las distribuidoras.

Un 60% de ese rojo son acreencias que dejó de percibir YPF, el mayor productor de gas del país, con casi un 37% de la oferta total. La compañía entregó el gas al sistema pero no recibió remuneración alguna de parte de las distribuidoras. Al tipo de cambio actual son cerca de US$ 400 millones, es decir, el 10% del presupuesto total de la petrolera bajo control estatal para 2017.

La compañía que preside Miguel Ángel Gutiérrez inició hace tres meses una ronda de mediaciones con cada una de las empresas gasíferas en busca de un acuerdo de pago de la deuda a su favor. Con algunas logró un entendimiento. Con otras no.

En ese marco, YPF irá ahora un paso más allá y iniciará una acción de cobro en sede judicial para recuperar esos fondos. “La instancia pre-judicial, un paso previo a la propiamente judicial, está prácticamente concluida. En las mediaciones realizadas con las distribuidoras se intentó lograr un acuerdo con las distribuidoras, pero no hubo chance”, explicaron allegados a la mayor empresa del país. En rigor, la demanda que YPF podría colocar a varias distribuidoras al borde de un concurso de acreedores o incluso de una virtual quiebra, dado que muchas distribuidoras no cuentan con fondos ni ingresos suficientes para enfrentar una hipotética sentencia en contra de la Justicia. Por ahora, nadie se anima a explicitar ese escenario. Pero las empresas gasíferas ya se preparan para un clima de belicosidad creciente.

En los hechos, responsabilizan al Ministerio de Energía por no generar el marco para resolver una situación que se originó por un tema que las excede: el fallo en contra de la Corte contra los aumentos de las tarifas aplicados por el Gobierno.

“Esto es responsabilidad del Gobierno en general y de Energía en particular. Las distribuidoras dejamos de pagar como resultado del fallo judicial que dilapidó nuestros ingresos. No nos quedó otra que dejar el pagar el gas que compramos a los productores. No por mala fe, sino porque la Justicia ordenó retrotraer los aumentos por un error del Gobierno (no haber realizado audiencias públicas previas) y anuló la suba de tarifas”, cuestionó el presidente de una distribuidora, que pidió la reserva de nombre. “Lo grave es que en los meses que pasaron desde entonces, el ministro (Juan José) Aranguren no logró armar una mesa elemental de negociación para que las partes privadas lleguemos a un acuerdo”, agregó. (…)