Uno dirigido al Ejecutivo Nacional para que informe la situación administrativa y contable de la empresa interestadual. El segundo, para que la firma -con representantes nacionales y provinciales- provea datos "para informar a la población sobre la causa judicial en la que está involucrada”.

Así, para el primero indaga sobre los contratos con los proveedores en los últimos seis años, mientras que sobre el segundo interroga "la postura que tomó la empresa en la causa”.

"Debemos exigir que una de las actividades productivas más importantes para los catamarqueños no sea invalidada por una gestión poco transparente y cuya administración genera dudas a la sociedad”, expuso.

 

"YMAD no se puede hacer el distraído y hasta aquí se encuentra ausente”, sentenció luego.

Además, como integrante de comisión de Minería, solicitó que el directorio de YMAD se presente para informar sobre la sentencia que hizo lugar a la cautelar que pedía el fin de actividades en "Bajo La Alumbrera” y "Bajo El Durazno”.

 

Argumentó que "desde el sector público debemos garantizar que la actividad minera sea sostenible ambientalmente, socialmente, laboralmente y económicamente”, y aclaró que el desarrollo productivo de la provincia debe darse dentro de un marco legítimo "combatiendo la explotación, administración y comercialización poco transparente”.