Trabajadores petroleros decidieron tomar “de manera pacífica” el yacimiento “El tordillo”, a 27 kilómetros de Comodoro Rivadavia, concesionado a la empresa Tecpetrol, para buscar frenar “la ola de despidos que esa operadora está produciendo en la cuenca del golfo San Jorge”, luego de que 167 operarios tercerizados recibieran ayer los telegramas comunicando su cesantía.

Según explicó a Télam el secretario general del Sindicato de Trabajadores del petróleo y gas privados del Chubut, Jorge Ávila, “la medida se mantendrá hasta el próximo jueves, día en que vence la conciliación obligatoria, y si no retrotraen los telegramas de despido seguirá la medida, pero mucho más dura porque no podemos permitir lo que nos están haciendo”.

Ávila enumeró que “los nuevos telegramas de despido llegan a las empresas de servicios que trabajan para las operadoras, en este caso Tecpetrol”.

“Son 167 telegramas de despidos nuevos que ayer llegaron a los trabajadores y esto rompe con la paz social, por lo que vamos a permanecer aquí para incluso cuidar las instalaciones, porque nos pasó en otros momentos que nos terminan culpando de roturas que no hicimos para justificar despidos”, señaló.

El sindicalista enumeró que “en la nueva ola de telegramas de despidos” aparecen las empresas de servicio Burgwardt, San Antonio y LS Argentina, y opinó que existe una “política de desalentar las inversiones petroleras”.

Desde el gremio aseguraron que cada 24 horas concurre un escribano para constatar el estado de las instalaciones de Tecpetrol en el yacimiento El Tordillo, sobre el extremo sur chubutense, para que dé fe pública de que los bienes de la compañía están en buenas condiciones y bajo resguardo.

“Nosotros hemos venido cediendo posiciones con tal de sostener los puestos de trabajo, aceptamos la reducción horaria y la quita de horas extras, lo que repercute en el salario, pero ya no podemos seguir cediendo sobre todo con empresas como esta que lograron concesiones hasta el 2047”, recordó Ávila.

En esta misma línea también cuestionó a YPF, que a su entender “desinvierte en nuestra cuenca para afectar todo al proyecto de Vaca Muerta (Neuquén), abandonando a su suerte a los trabajadores, cosa que no vamos a permitir bajo ningún punto de vista”.

El gremialista además es presidente de la empresa estatal provincial Petrominera que, entre otras funciones, tiene la responsabilidad de administrar las áreas secundarias y gerenciar las estaciones de servicio distribuidas en el territorio.

En ese sentido, consideró que en situaciones extremas, como en este caso, su condición sindical “no es incompatible” con la de funcionario público.

“Me pongo a disposición del gobernador Mario Das Neves, que es quien me puso en el cargo, para que decida qué hacer, porque yo antes que nada soy defensor de los trabajadores”, afirmó.

El conflicto más violento que se registra de la toma de yacimientos petroleros data de junio de 2012, cuando un grupo sindical disidente autodenominado “dragones” tomó por la fuerza las instalaciones del yacimiento Cerro Dragón, provocando graves daños.

“No somos los dragones, no actuamos así, pero tampoco nos vamos a quedar quietos”, advirtió Ávila.

La crisis en el sector petrolero comenzó con la caída del precio internacional del crudo cuyo valor interno fue sostenido por un subsidio del Estado nacional a través del la resolución 21/2016 del Ministerio de Energía, vigente hasta el 31 de diciembre de 2016, que fijó un aporte de 10 dólares por barril siempre y cuando el Brent no superara los 47,50 dólares.

Como dato de la caída de los puestos de trabajo en el sector, Ávila puntualizó que “entre 2013 y 2014 había 1050 empleados, y en la actualidad hay 650”, y denunció que las empresas buscan reducir ese número a 450. “Por eso hay muchos que la propia patronal llama sobrantes”, concluyó.