Entre 2010 y 2020 las mineras se apropiaron del 72 al 90 por ciento de la renta económica generada por la minería de litio.

Entre 2010 y 2020 el Estado argentino percibió 88,3 millones de dólares como participación en la renta económica generada por la minería del litio, que representan entre el 10 y el 28 por ciento de las rentas totales generadas por la actividad. Es decir que las empresas privadas se apropiaron del 72 al 90 por ciento de las rentas. El actual marco normativo- institucional limita al Estado a explotar las minas a la vez que da beneficios a las empresas privadas que les permiten rentabilidades extraordinarias. 

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) propone recomendaciones para modificar la situación de apropiación de la renta del litio.

De acuerdo con la Constitución Nacional argentina las provincias son dueñas originarias de los recursos minerales dentro de su jurisdicción, entre las que se encuentra el litio. Como en la Constitución no existe norma expresa sobre la regulación minera y/o sobre la capacidad del Estado federal para intervenir en la actividad económica, las leyes específicas, en este caso el Código de Minería y la Ley de Inversiones Mineras (1993), tienen amplio margen regulatorio.

Entre los principales aspectos que definen ambas normativas se destacan dos. Por un lado, el Estado nacional no puede explotar ni disponer de las minas, sino en los casos señalados en el Código (Art. 9). Si bien el Estado –a través de empresas públicas– puede intervenir libremente en el régimen minero en actividades de investigación y prospección (con permiso de la provincia), si descubre un yacimiento de litio, debe ponerlo a disposición de la actividad privada (aunque no está impedido de concurrir a la explotación junto con otras empresas privadas.