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El paso en falso de Bonadío en un allanamiento para investigar a De Vido

07/04/2016 | ARGENTINA | Noticias Destacadas | 904 lecturas | 109 Votos



El Juez Federal Claudio Bonadío decidió esta semana avanzar sobre los principales acusados en la causa que investiga el presunto pago de sobreprecios millonarios en la importación de Gas Natural Licuado (LNG, por sus siglas en inglés) a cargo del gobierno de Cristina Kirchner. Lo hizo tras evaluar durante meses documentación recabada el año pasado en distintos operativos en Enarsa, YPF y el Ministerio de Planificación que condujo Julio De Vido.




En ese marco, personal judicial allanó en la mañana del martes el estudio del ex ministro Roberto Dromi, que entre 2008 y 2012 ofició como intermediario y asesor en la compra de combustible a cargo del Estado. A su vez, la gran apuesta del juez consistió en allanar, en forma simultánea, las oficinas de Dilligentia S.A., la consultora a nombre de Nicolás Dromi -hijo del ex funcionario menemista- que a partir de 2008 asesoró a la empresa estatal Enarsa y a proveedores que vendieron LNG  a la Argentina.

Cerca de 20 efectivos de la división de cibercrimen de la Policía Metropolitana se apersonaron en el inmueble situado en Arenales 1618 piso 2 de la Ciudad de Buenos Aires. Tenían orden de secuestrar de aquellos “contratos firmados por las empresas Dilligentia SA y Contrater Consulting SA, como también por José Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi, relacionados con la compra venta de GNL y constancias de transferencias bancarias realizadas por Enarsa”, tal como se desprende en la orden de allanamiento librada en la causa “De Vido, Julio y otros s/ asociación ilícita” (Causa N° 10.456/14). El Inversor Online accedió a una copia de esa disposición, definida el 21 de marzo.

Enrique Rodríguez Varela, secretario del Juzgado Criminal y Correccional N° 11 que dirige Bonadío, lideró en persona el procedimiento. Sin embargo, algo falló. Dos horas les llevó a los efectivos de la Metropolitana constatar que el domicilio elegido no era el indicado. En lugar registrar la oficina de Dilligentia, la Policía Metropolitana terminó allanando las dependencias de President Petroleum, una pequeña petrolera de capitales británicos que opera en la Argentina y no tiene ningún tipo de relación con la empresa de los Dromi.


¿Qué pasó? 

El error fue no actualizar la información referida a Dilligentia SA, que dejó de alquilar el inmueble de Arenales 1618 hace más de un año que. Al parecer, Rodríguez Varela no estaba al tanto del cambio. Es curioso porque su investigación comenzó en octubre de 2014. Es decir, tuvo tiempo suficiente para cotejar el residencia actual de Dilligentia antes de movilizar infructuosamente costosos recursos policiales. Para peor, el paso en falso del secretario desnudó la estrategia de Bonadío. En una investigación tan pesada como esta, un desliz tan flagrante como este acarrea un costo ineludible. “Cuando se define una estrategia de pinzas con varios allanamientos en serie, la precisión es clave. Si alguna de las etapas falla, como en este caso, todo el operativo queda herido”, explicó un abogado que sigue de cerca de las actuaciones.

La escena en el edificio de Arenales 1618 incluyó elementos disparatados. Por instrucción de Rodríguez Varela, los efectivos de la Metropolitana prohibieron el acceso de los abogados de President Petroleum que, con el allanamiento ya lanzado, se presentaron en el lugar para intentar explicar inútilmente al personal policial y del juzgado que Dilligentia SA ya no operaba más en ese inmueble. A contramano de la normativa legal y también de tratados internacionales que avalan la asistencia de un abogado defensor en esta clase de operativos judiciales, la presencia de los letrados de la petrolera inglesa no fue autorizada. En vano fueron los intentos del presidente de la compañía, de nacionalidad británica, que en inglés intentó advertir a los efectivos judiciales que su firma no tenía nada que ver con Dilligentia SA.

Después de más de dos horas de operativo, en los que se inspeccionaron todas las computadoras de la empresa, los especialistas en cibercrimen de la Metropolitana encontraron sólo tres mails en los que se mencionaba la palabra “Dilligentia”. En todos se hacía referencia interna sobre la necesidad de cambiar la titularidad de los servicios básicos (electricidad, gas) que permanecían bajo titularidad de los Dromi.

El rol de Dilligentia SA y de Contrater Consulting, una empresa española que firmó un contrato con Enarsa para trader LNG, es la pista que sigue Bonadío que intentar probar que durante la gestión de Julio De Vido al frente del Ministerio de Planificación se pagaron sobreprecios millonarios en la operatoria de importación de combustibles. El magistrado abrió el expediente “De Vido, Julio y otros s/ asociación ilícita” a raíz de la denuncia realizada a fines de 2014 por los entonces diputados Laura Alonsa, Patricia Bullrich y Federico Pinedo, que solicitaron a la Justicia que investigue los dichos de Dromi al diario La Nación en el que el ex funcionario cuestionaba la metodología con que YPF concretaba la importación de LNG.

Fuente: El Inversor Enérgetico & Minero

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