El reclamo fue presentado faltando pocos días para el posible inicio de los embargos previsto para el 16 de octubre, tal como lo solicitó Burford Capital tras el fallo que ordena pagarle US$ 16.100 millones. 

En un escrito de tres páginas, la defensa a cargo del estudio Sullivan & Cromwell pidió acceder a una instancia para "suspender la ejecución de la sentencia sin fianza pendiente de apelación" y argumentó que debido al tamaño "sin precedentes" de la sentencia, el tribunal pondría en marcha embargos que serán "difíciles o imposibles" de deshacer si Argentina prevale en la apelación. 

El fondo Burford, que compró los derechos del juicio a los accionistas minoritarios Grupo Petersen y Eton Park, le pidió hace pocas semanas a la magistrada que inicie el embargo 30 días después del fallo del 15 de septiembre pasado en el que Preska determinó la indemnización que deberá pagar el Estado por incumplir los estatutos de YPF al tomar el control de la empresa en 2012. 

Para evitar la retención de bienes en el exterior -cuyo plazo por regla habitual suelen ser 30 días después del fallo-, Argentina debería pagar un bono por el total de la indemnización hasta que se defina la apelación, pero el Gobierno busca suspender la medida en una comunicación entre las partes que ahora debería convocar la jueza de Nueva York en forma inminente para definir los próximos pasos. 

"En la conferencia, ambas partes van a exponer argumentos a favor y en contra del bono de garantía y Preska va a definir si Argentina paga el bono de garantía o si está exento. Es probable que pida una suma de buena voluntad, ella sabe que no existe un Estado o una empresa que pueda depositar ese monto nunca visto en EE.UU, explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors. El Gobierno tiene dos alternativas para efectuar la garantía: depositar activos por el equivalente a los US$ 16.100 millones o que las compañías emisoras de bonos de garantía emitan títulos por ese monto y que la Argentina los compre. (...)