El proyecto se inició hace nueve años y aún le queda un largo trayecto de trabajos, pero ahora aguarda decisiones del gobierno de Javier Milei para la continuidad de la obra: el pedido a China de un desembolso de 500 millones de dólares, y saldar una deuda con el consorcio constructor de 400 millones de dólares, correspondientes a certificaciones de obras. En varias reuniones, ENARSA -la comitente de la obra- manifestó la voluntad de reactivar el plan de trabajo, mientras hay 1.800 trabajadores que esperan ser reincorporados.

Hace más de quince años el kirchnerismo anunció la licitación del proyecto que consta de dos represas. El contrato está a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) encabezada por la firma china Gezhouba Group Corporation, e integrada por Eling Energía e Hidrocuyo.

En agosto de 2022, Electroingeniería -que dirigía el empresario Gerardo Ferreyra, procesado en la causa de los Cuadernos de las Coimas- se transformó en Eling Energía. La otra modificación de relevancia es que Ferreyra dejó de ser accionista de la compañía, al igual que Osvaldo Acosta. Hoy la compañía la dirigen Juan Manuel Pereyra y Carlos Bergoglio (hijo). Son accionistas junto con los hijos de Osvaldo Acosta.

La obra presenta diversos grados de avance: la represa de menor dimensión. denominada Jorge Cepernic, tiene un 42% de terminación, mientras que la bautizada Néstor Kirchner cuenta con un avance del 22%. La construcción se detuvo en noviembre pasado, un mes antes del cambio de gobierno. Desde entonces las reuniones con ENARSA son continuas, y si bien el gobierno ha manifestado la voluntad de seguir con el complejo hidroeléctrico, hay importantes decisiones pendientes.

Por un lado, es necesario que el gobierno nacional solicite el próximo desembolso a China, responsable de financiar la totalidad de la obra. El último desembolso fue de 500 millones de dólares y se destrabó el año pasado, pero se usó para devolverle al Estado 280 millones de dólares de un “préstamo puente” ejecutado hasta que llegara el financiamiento desde Beijing. El resto del dinero se volcó a la obra.

Hay varias complejidades alrededor de ese pedido que debe formular el Estado nacional. Para que se requiera el desembolso a China, la UTE debe presentar el programa de trabajo, que se adenda al contrato comercial y de construcción de obra, y requiere la firma del Poder Ejecutivo. Desde octubre de 2022 se comenzó a discutir esa adenda, pero aún no se logró firmar.

El tema se conversa en las reuniones de ENARSA con la UTE. “No se puede seguir sin resolver los problemas contractuales”, explicaron fuentes oficiales.