El directivo destacó el lanzamiento de la licitación para instalar 1.000 Mw de potencia renovable. Al mismo tiempo, abogó por la publicación de una resolución que aclare ciertas dudas de las industrias interesadas en cumplir, sin la intermediación del Estado, con la Ley 27.191, que las obliga a cubrir un 8% de su demanda con energías renovables.

El Gobierno puso en marcha formalmente a fines de julio la licitación para instalar 1.000 megawatts (Mw) de potencia eléctrica a través de fuentes alternativas de generación. Juan Bosch, presidente de SAESA, un trader de energía especializado en el negocio de energías renovables, analizó el avance del proceso.

En diálogo con Revista Petroquímica, Petróleo, Gas, Química & Energía destacó la decisión del Ejecutivo de apostar por tecnologías de generación que están en línea con el cuidado del medio ambiente y de la diversificación de la matriz energética argentina, muy volcada hacia los hidrocarburos.

Al mismo tiempo, abogó por una mayor apertura del mercado de las energías renovables, a fin de apuntalar el crecimiento del sector no sólo por medio de iniciativas bajo la órbita del Estado (como esta primera licitación), sino también a partir de la inversión a riesgo de empresas privadas, tanto desarrolladores como grandes consumidores industriales de electricidad.

La Ley 27.191 establece que en 2018 un 8% de la energía demandada por la industria deberá provenir de proyectos renovables (parques eólicos, solares, minicentrales hidroeléctricas, centrales a biomasa y biogás).

¿Existe financiamiento disponible para llevar adelante los proyectos?, preguntamos al ejecutivo.

Estamos compitiendo contra otros países que también necesitan dinero. Obviamente la Argentina es atractiva, pero estamos hablando de una inversión de u$s 1.500 millones para esta primera etapa de 1.000 Mw, que es lo que va a comprar el Estado a través de CAMMESA. Además está lo privado. De esos u$s 1.500 millones, se calcula que cerca de un 70% van a ser financiados, con lo cual es una cifra significativa que no será sencillo conseguir. Los bancos multilaterales dicen poder cubrir hasta un 30%, pero los bancos comerciales aún no dan precisiones. La mayoría de las entidades comenta que 2016 es un año difícil. Pero ven factible que el próximo se liberen más fondos. El desafío es inmenso. Y estos 1.000 Mw son apenas el 4% de la matriz cuando tenemos que llegar al 8% para 2018.

¿Cuáles son los ejes que más le preocupan del proceso de incentivo a las energías renovables?

Hay un tema central que atraviesa toda la cuestión de los renovables, que es el financiamiento. No conozco demasiado de estructuras financieras, me parece que la gente que está en el Ministerio sí las conoce, y están haciendo un esfuerzo enorme, poniendo el foco ahí. Por lo que tenemos entendido, el Gobierno no tiene previsto utilizar este año la cuenta del financiamiento del Foder, así que toda la fuerza va a estar en la garantía. Es decir, antes de que empiece a construirse la primera central de energía renovable, el dinero ya va a estar ahí, lo cual es un atractivo importante. La cuestión del financiamiento atraviesa todo. Además de los 1.000 Mw de CAMMESA, existe un mundo del que se habla poco: el de los PPA (contratos de compra de energía, por sus siglas en inglés) entre empresas privadas, sin la mediación del Estado.

¿Cuál es el potencial de ese sector?

Hay cerca de 8.000 industrias que tienen que contratar su energía renovable. Existe mucho interés entre esas empresas, pero también hay algunas dudas. Está pendiente, por parte del Ministerio, una resolución, que yo llamaría el “Marco jurídico para los PPA privados”, que haga foco en 8 o 10 cuestiones que faciliten al gran usuario industrial tomar la decisión de quedarse bajo la órbita de CAMMESA –creo que es la peor de las opciones–, firmar un PPA, elegir la autogeneración o hacer un mix de las tres.

¿Pueden llegar a estructurar pools de industrias que inviertan para desarrollar o comprar energía renovable?

Sí, no sólo podemos hacerlo, sino que lo tenemos hecho. Pero nos falta el marco de PPA privados. Por eso, es importante que el Gobierno despeje las dudas en torno a esos 8 o 10 puntos de los que hablábamos antes. Son aspectos clave porque se ha elegido un modelo donde hay un off-taker fantástico que es el Estado, que tiene obligaciones de contratación muy pausadas y engorrosas. Frente a eso, me parece que contar con un marco que posibilite los PPA privados es muy importante, no sólo necesario. Soy un convencido de que si el Ministerio de Energía se animara a abrir el mercado, el dinamismo al que dotaría al mercado de la energía en general sería impresionante, y los precios no serían más caros sino más competitivos. Porque una empresa privada es menos formal pero mucho más dura para negociar que un Estado que está atado a un montón de formalidades. Imaginate la potencia que te dan 2.500 grandes consumidores de gas u 8.000 grandes consumidores de energía eléctrica a la hora de contratar, el dinamismo es enorme; la multiplicidad de opciones que habría para eventuales generadores de energía renovable de calibre más mediano que podrían competir por nichos más pequeños.