La brusca devaluación de los últimos meses sumó un foco de conflicto a la siempre tensa relación de las petroleras con el Gobierno. El Estado nacional no les pagó en todo 2017 a las empresas u$s 1500 millones por el Plan Gas, extinto el último día del año pasado, aunque para las autoridades esa deuda es en pesos.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, adelantó ayer que prepara una resolución para que las compañías acreedoras puedan adherirse. "Vamos a proponerles la cancelación en cuotas a partir de enero de 2019. El pago va a ser siempre en pesos y en la resolución se va a indicar cómo sería. Podría haber algún escalamiento para evitar que haya una especie de distorsión en los valores que puedan recibir las empresas; también se evalúa si será con intereses, pero creo que no. Todavía no está resuelto", señaló.

Se trata de una señal clara de lo que intentará hacer el Gobierno: abonar $ 26.200 millones (al cambio actual algo menos de u$s 1300 millones) a lo largo del tiempo y negociar algún tipo de compensación con las petroleras.

Semanas atrás, fuentes calificadas de YPF revelaron que la deuda del Estado con la petrolera de la que es dueña del 51% de las acciones asciende a u$s 780 millones (al menos la mitad del rojo total con el sector), y puntualizaron que serán bastante estrictos en su voluntad de querer cobrar en dólares y no en pesos.

Si finalmente se terminara pagando en moneda nacional, la devaluación de los últimos tres meses licuó la deuda al menos 15% en dólares, sin contar que el precio del dólar acompañaría desde ahora a la inflación.

Las petroleras reaccionaron con bronca y sienten que no se les respeta lo pactado. "Vamos a reclamar que paguen en dólares. No puede ser que quieran cambiar todo y que encima sea en cuotas", dijeron. Piensan que son perjudicados y que, pese a haberles liberado los precios, el Gobierno actúa en algunas situaciones con la misma hostilidad que el kirchnerismo. La injerencia del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de sus vicejefes, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, para contener subas en los combustibles a principios de año también dañó la relación, ya que los privados entienden que desde el Poder Ejecutivo se los responsabiliza de "echar nafta" a la inflación.

El plan de subsidios para la oferta de gas lleva en los últimos meses más conflictos que beneficios. El viejo Plan Gas fue creado por el ex ministro de Economía Axel Kicillof para revertir la caída tendencial en la producción. Los subsidios lograron su cometido hasta 2016 y en 2017 hubo un estancamiento, en coincidencia con los atrasos oficiales. El programa actual premia la nueva producción no convencional y despertó broncas de empresas como YPF, Pan American Energy Group y Wintershall -que ya estaban produciendo en Vaca Muerta- por el beneficio que entienden que se le dio a compañías como Tecpetrol (el brazo petrolero de Paolo Rocca, de Techint), en el caso más notorio. Una de las metas que blanqueó el Gobierno en el Presupuesto es mejorar un 6% la oferta de este hidrocarburo en 2018.

Aranguren habló ayer en un panel del Argentina Summit, organizado por la publicación The Economist. Al terminar su intervención, indicó que "es probable que sigamos importando gas de Chile" en invierno, luego de la reunión de los presidentes Mauricio Macri y Sebastián Piñera. "Chile perdió nuestra confianza y buscamos reestablecerla, para poder exportar nuestra producción sobrante de gas en el verano", confirmó.