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¿Neuquén versus Argentina?

17/07/2014 | ARGENTINA | Notas Destacadas | 610 lecturas | 322 Votos



Como consecuencia del fallo del juez Griesa, la Argentina sumó una catarata de apoyos internacionales. Todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), con excepción de Canadá que se abstuvo y los EE. UU. con el voto negativo, protegiendo a su sistema judicial, se expidieron enérgicamente contra los fondos buitre.




Parece que la patria grande de Bolívar y San Martín despertó después de una aletargada resistencia de doscientos años. Y aquí en Neuquén, en la patria más que chica y con una falsa disputa de intereses, voceros oficialistas y "opositores" despotrican contra la Nación diciendo que esa identidad colectiva de más de doscientos años pretende avasallar, con una ley hidrocarburífera, la propiedad provincial. Algunos, repitiendo anquilosadas frases tales como "vamos en contra de los intereses porteños" atrasando el reloj por lo menos una centuria y confundiendo el concepto de Nación con los antiguos intereses de los comerciantes del puerto de Buenos Aires. Otros, un poco más actualizados, atacan a la empresa YPF, de la cual los neuquinos somos parte, y denostan a su presidente Miguel Galuccio.

En el medio, el oficialismo provincial está atravesado por la interna partidaria. Es hora de demostrar quién nació arriba del pehuén y quién comió más piñones. Entonces emerge en esa disputa lo peor del provincialismo partidario y todo lo que no se pueda controlar, manejar o manipular desde la confluencia de los dos ríos pasa a formar parte de un enemigo, que se llama Nación. Un oportuno chauvinismo provincialista, con gusto a secesión, derrama desde la boca no sólo de los dirigentes oficialistas del Poder Ejecutivo sino también de unos cuantos opositores legislativos que, en busca de un sueño al mejor estilo tinellista, se mimetizan con el viejo discurso MPN como necesidad electoralista.

En esta coincidencia discursiva del oficialismo y dudosos opositores, se comienzan a priorizar los intereses de una empresa "provincial" como GyP, que hizo el recorrido contrario a YPF en los últimos años (nació como una empresa estatal y se transformó en privada), que es parasitaria de otras que producen, ya que sin capital y sin trabajo sólo por "acarreo" quiere ganar plata, y digo quiere, porque hasta ahora dio pérdida. Parecen estar defendiendo los intereses de la protooligarquía provincial, según definía el propio Felipe Sapag a "un grupo de estancieros, funcionarios, grandes comerciantes mayoristas" que en la actualidad han mutado a empresarios petroleros gracias a los negocios sobre los recursos del subsuelo provincial.

En principio se puede afirmar que todo lo que beneficie a la Nación redunda en beneficio a la Provincia, pero no siempre es al revés. El artículo 124º de la Constitución nacional expresa: "Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios". Desde lo jurídico, la administración de esos recursos se debe adaptar a las demás cláusulas constitucionales que facultan a la Nación para establecer la política general para los hidrocarburos y para reglamentar la explotación de los recursos naturales, según los artículos 41 y 75, incisos 12, 18 y 19.

Por eso son facultades concurrentes, es decir las decisiones las toma el Estado nacional juntamente con las provincias. La denominada cláusula del nuevo progreso faculta al Congreso nacional a "proveer al crecimiento armónico de la Nación" y "promover de políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones". Esta cláusula deja en evidencia los límites que impone la carta magna nacional a las provincias.

Para ilustrar más esas limitaciones hay que remitirse al fallo de la Corte Suprema de Justicia por el que declara la inconstitucionalidad de una ley provincial que pretendía el cobro de regalías sobre el gas utilizado para la generación eléctrica del propio yacimiento de Chevron. El fallo indica que " si bien se reconoce el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales ubicados dentro de su territorio, no sustrae la jurisdicción que sobre esos recursos ejerce el Congreso nacional". El artículo 2º de la denominada Ley Corta mantiene la responsabilidad del gobierno nacional sobre el diseño y gestión de la política de hidrocarburos.

No olvidemos la actitud del propio gobernador y del senador Pereyra días antes de que la presidenta tomara la decisión de expropiar el 51% de las acciones de YPF-Repsol. Ambos tenían una opinión contraria a la expropiación, planteando que ahuyentaría las inversiones. Recordemos cómo negaban desde el gobierno provincial el vaciamiento, la falta de inversión de la empresa española de cara a los contratos petroleros del 2008. Aún más atrás: ¿recuerdan la alianza estratégica de Sobisch con la empresa de la corona española, acompañado no sólo por la corte emepenista sino también por una buena parte de la oposición?

Y continuando por un camino retrospectivo, quiero llegar a la reforma de la Constitución nacional allá por el 94, fraguada al calor neoliberal imperante en el país, que hoy da coletazos por la vieja Europa. Una reforma destinada a fragmentar, a dividir el país en tantas partes como provincias existentes. Mediante esa concepción neoliberal se les concedió a las provincias el dominio del subsuelo, con todo lo que ello implica. Colocó en una correlación negocial totalmente desventajosa a las provincias frente a las empresas petroleras.

Es así cómo se explica la decadencia de la explotación hidrocarburífera en nuestro país en los últimos años, algo inconcebible en otros países poseedores de este valioso recurso nacional de energía y riqueza; situación que nos urge revertir y lograr la soberanía energética cuanto antes. Decadencia que, según los diarios de esta semana, está revirtiendo enormemente YPF a fuerza de inversión y trabajo.

El gobierno nacional se puso como objetivo lograr el autoabastecimiento, en primer lugar, para acortar el camino hacia la soberanía energética. A corto plazo hay que dejar de importar gas y petróleo por más de 9.000 millones de pesos y, a largo plazo, cambiar la matriz energética garantizando sustentabilidad.

Que no nos vengan a decir entonces que quieren defender los intereses de Neuquén, porque cuando enarbolan el provincialismo contraponiéndolo a los intereses de todos los argentinos, me huele que están protegiendo no los intereses y derechos de los neuquinos, que siguen en gran número en condiciones de pobreza y postergación, sino los privilegios de unos pocos.

* Por Rodolfo Canini, Legislador neuquino de Nuevo Encuentro

Fuente: Diario Río Negro

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