Por la readecuación de la actividad en la zona, las petroleras prevén despedir este año cerca de 800 trabajadores.

Un conflicto furtivo amenaza con afectar una vez más la actividad petrolera en Santa Cruz. Desde hace más de una semana, el tránsito por rutas provinciales y caminos internos que conectan los principales yacimientos de la zona está prácticamente interrumpido. Los cortes son alrededor de 20 y están apostados estratégicamente a las salidas de Caleta Olivia y Las Heras, las principales localidades petroleras del norte santacruceño.

Los cortes no paralizaron la producción de petróleo y gas de la región porque no afectaron las plantas de tratamiento y de energía. El bombeo de los pozos continúa. Sin embargo, la extracción empieza a verse afectada porque la mayoría de los contratistas y empresas de servicio no pueden ingresar a los campos. Es decir, cuando un pozo sufre algún desperfecto, la cuadrilla no puede llegar hasta la locación a solucionar el problema, por lo que la producción se paraliza. El personal para manejar equipos torre -fundamentalmente pulling y workover– tampoco puede llegar hasta los yacimientos. Sólo permanecen activos los equipos operados por personal que puede ingresar a los campos desde Chubut.

Las principales petroleras afectadas son YPF, el mayor jugador del mercado, con casi un 40% de la oferta de hidrocarburos a nivel nacional, y la china Sinopec, cuarto en el ranking de mayores productores de crudo.

La medida de fuerza tiene una particularidad: no es impulsada por el sindicato de petroleros privados de Santa Cruz, que conduce Claudio Vidal, sino que es liderada por desocupados y ex operarios de la industria petrolera identificados con Juan “Toja” Carbajal (que fue despedido de la empresa Lufkin) y Héctor “Chaco” Segovia, ex secretario del gremio de Santa Cruz, así como también con otros ex miembros de la comisión directiva del sindicato santacruceño. Todos están enfrentados con Vidal, que construyó un entendimiento consistente con la gobernación de Alicia Kirchner y con los intendentes petroleros de Las Heras y Caleta, pero no termina de imponer su presencia en el territorio. De hecho, Vidal no se desplaza con comodidad por las locaciones. Su participación en actos o asambleas petroleras es ocasional.

Las operadoras petroleras y empresas de servicios confiaban en que a partir de hoy -tras la firma de un acuerdo en el Ministerio de Trabajo de la Nación entre el sindicato, YPF y compañías contratistas para implementar un Programa Nacional para la Transformación Productiva (PNTP) para trabajadores cesanteados de la industria-, el conflicto se descomprimiría. YPF anunció ayer que este año invertirá US$ 340 millones en Santa Cruz, una cifra que lo posiciona como el mayor inversor de la provincia. La petrolera controlada por el Estado operará con 37 equipos torre y perforará 33 pozos nuevos. Sin embargo, pese al anuncio, el conflicto sigue vigente y la circulación por el norte de Santa Cruz continúa restringida.

La falta de interlocución dificulta también la institucionalización del conflicto. Más allá de algunos contactos informales, no hay diálogo entre las partes. Los privados apuestan al desgaste, al igual que la administración de Alicia Kirchner y el Gobierno nacional. Nadie quiere reconocer como interlocutores válidos a “Toja” Carbajal y a “Chaco” Segovia. Confían que en que, con el paso de los días, los líderes perderán adeptos y la protesta se diluirá. Es que, pese a que la cantidad de cortes ronda las dos decenas, los manifestantes involucrados no son más de 150, según comentaron a EconoJournal fuentes empresariales y sindicales.

Tras las denuncias realizadas por las petroleras y las empresas contratistas, el Gobierno nacional envió dos batallones de Gendarmería -permanecen alojados desde hace días en el hotel de YPF en Las Heras– para liberar los cortes. Sin embargo, la decisión política de avanzar no llegó. Y son pocos los que creen que el conflicto se resolverá por la fuerza. Los cortes, además, están asentados, mayoritariamente, sobre rutas y caminos provinciales, donde la Gendarmería no tiene jurisdicción. Debería actual infantería de la Policía provincial, pero nadie cree que la gobernadora vaya a autorizar el uso de la violencia.

“Los líderes del conflicto son ex operarios y desocupados de la industria petrolera que saben que es casi imposible que en el corto plazo vuelvan a conseguir trabajo en el sector. Durante años, el nivel de actividad y empleo petrolero en la provincia estuvieron sobredimensionados por cuestiones políticas y es imposible que vuelven a recuperar esos niveles. En el fondo, los manifestantes pretenden algún tipo de subsidio o aporte para capear la situación”, analizó el gerente de una petrolera que sigue de cerca los acontecimientos.

El mar de fondo de la industria sigue siendo muy complejo. El plan de readecuación de la actividad de YPF prevé la desvinculación, en distintas, de entre 400 y 500 operarios propios y de contratistas. Sinopec prevé despedir otros 350 trabajadores. En conjunto, las dos mayores productoras de la provincia prevén cesantear este año a alrededor de 800 personas.