En particular cuando hay millonarias controversias abiertas con firmas del sector y entre jurisdicciones públicas, que amagan terminar en la órbita de la Justicia, recurrentemente sospechada de imparcialidad.

Varias empresas dedicadas a la generación de electricidad se están restregando las manos por la posibilidad de comprar activos de la estatal Enarsa, que serán reprivatizados con una opción singular: se habilitará a esas empresas que tengan acreencias contra el Estado a utilizarlas para la compra de esos bienes. Las centrales Brigadier López y Barragán, entre ellos.

El mecanismo es similar al de capitalización de deuda que se utilizó en las privatizaciones menemistas y permitió a los acreedores externos alzarse con las joyas de la abuela aportando papeles de deuda, en ese caso, muy devaluados. El desafío actual de los ministerios de Energía y de Hacienda es evitarle al erario pérdida del estilo y, previamente, ponerle un número cierto a la deuda pública que se licuará con esa operatoria. Acá un punto difícil.

Las generadoras en las que hay empresas de la envergadura de AES o Pampa Energía discuten una millonaria indemnización porque en los últimos años recibieron tarde los pagos de los subsidios para cubrir su déficit operativo. Pero reclaman al menos por otras dos cuestiones aún no consentidas: un punitorio por esa demora y una compensación por la rentabilidad que deberían haber gozado, concepto no incluido en la cuenta.

Otro es el debate abierto con las distribuidoras eléctricas del interior, muchas de ellas estatales, por conceptos en algún punto similar.

En algunos casos, la caja nacional les debe porque no ejecutó obras comprometidas a cambio de que esas firmas mantuvieran congeladas sus tarifas, en el marco de programas como el “Convergencia”.

A veces son esas empresas las que deben al sistema mayorista por la energía que tomaron de él y todavía no pagaron.

Pasar en limpio el cuadro del debe y el haber resulta tan intrincado que durante el 2017 se desoyó el mandato del artículo 15 del presupuesto, que preveía dejar la cuenta en 0 por las deudas nacionales enmarcadas en aquellos programas de corsé tarifario. En la ley de Presupuesto de este año, la orden se reformuló y sólo se prevé reconocer al interior $ 200 millones por obras que debía pagar la Nación, monto muy inferior al que estaba en juego en origen.

Hasta el momento primaron las soluciones políticas.

Pero los afanes de las empresas de capitalizar sus deudas y de las jurisdicciones estatales de cerrar sus cuentas podrían activar los trámites en la Justicia con el consecuente resultado incierto.

El convenio que hace meses firmaron productores de gas con las distribuidoras para abastecerlas en cierto volumen y a ciertos precios (ascendentes, por cierto) también podría ser motivo de controversia ante un juez, según interpreta un experto del rubro con buenos vínculos empresarios. El pacto podría denunciarse por no ajustarse a las leyes de mercado o los mandatos de la libre competencia.

Los productores beneficiados por el Plan Gas admiten esperar hasta el año próximo para empezar a cobrar en dólares un subsidio devengado el año pasado, por $ 21.000 millones, según los registros oficiales, entre u$s 300 y 500 millones menos según la expectativa patronal.

Saben del cariño que el ministro Juan José Aranguren les profesa. Pero también tienen en claro que los recursos fiscales son tan limitados como abultado el déficit.

Por eso más de un CEO petrolero se come las uñas tratando de adivinar qué ocurrirá este año con las subvenciones prometidas para el gas no convencional de Vaca Muerta, único programa estímulo vigente. El presupuesto 2018 prevé $ 10.738 millones, mientras que los funcionarios del área les prometen $ 15.000 millones.

¿Una confusión de 200 millones en moneda dura? Ni siquiera está totalmente allanado el camino para convalidar ajustes de tarifas con los mecanismos previstos por ley. Hace más de una década, las asociaciones de consumidores lograron abortar aumentos tarifarios en los tribunales exigiendo audiencias públicas. Ahora le recriminan al macrismo la presunta inoperancia de esas reuniones, donde todos hacen catarsis pero finalmente el Estado resuelve lo que quiere, a través de los órganos reguladores.

Para alivio oficial, no parece haber ánimo belicoso de esas organizaciones, más complicadas para bloquear las subas con el argumento de que las audiencias son inútiles. Esta conjetura es un bálsamo para el Gobierno, justo cuando los usuarios deben digerir el último tramo de los ajustes tarifarios de luz y gas. Para 2019 sólo quedará pendiente una suba en tarifas patagónicas y habrá más espacio para que mejore el humor social y de los estresados funcionarios el área. A menos que algunas de las varias controversias en estado germinal llegue al despacho de un juez inquieto.