No sólo se dejó de exportar petróleo y gas como se lo hacÃa anteriormente, sino que hoy es necesario destinar anualmente más de 15.000 millones de dólares para importar estos productos. Por el gas licuado importado se paga un precio tres veces mayor que por el gas nacional y en los próximos tres a cuatro años estas compras deberán crecer inevitablemente. Por otro lado, la insuficiencia de inversiones en el sector eléctrico provoca cortes por falta de capacidad generadora en dÃas de alto consumo. Muchas empresas y edificios se han visto obligados a instalar grupos electrógenos propios y el sistema nacional de despacho de cargas operado por la CompañÃa Administradora Mayorista del Mercado Eléctrico (Cammesa) se ve necesitado de hacer funcionar equipos antiguos e ineficientes.
El cuadro energético es crÃtico y, además, tiende a deteriorarse, ya que los requerimientos aumentan a mayor ritmo que las inversiones aplicadas para satisfacerlos. La producción de energÃa, como cualquier actividad económica, necesita de un marco institucional y de reglas estables que incentiven las inversiones y premien la eficiencia. Ese marco fue destruido a partir de la salida de la convertibilidad y de la devaluación de comienzos de 2002.
En los 12 años posteriores, sólo hubo desaliento y una mayor intervención del Estado tratando de cubrir una demanda que, a su vez, creció impulsada por precios y tarifas artificialmente bajos. Las consecuencias han sido desastrosas. La relación entre las reservas de yacimientos convencionales y la producción de gas y petróleo se desplomó y se encuentra en valores crÃticos. Sólo la novedad de los avances tecnológicos para explotar comercialmente el gas y petróleo de esquistos o shale -los yacimientos "no convencionales"- genera una expectativa distinta.
Casi todos los expertos prevén que en las próximas décadas los hidrocarburos proveerán inevitablemente no menos del 80% de la energÃa primaria en nuestro paÃs. No hay ninguna otra fuente de energÃa que pueda sustituirlos en condiciones económicas razonables. La expectativa apoyada en los yacimientos no convencionales (Vaca Muerta y otros) es muy promisoria, aunque, según expuso el especialista Jorge Ferioli en una reciente conferencia en la Fundación Libertad y Progreso, se necesitan diez pozos de shale gas para producir lo que genera uno convencional y además se triplica el costo por pozo.
Para no importar petróleo crudo y sustituir las importaciones de gas licuado hacia el año 2030 habrÃa que perforar dentro de los próximos 15 años 7042 pozos de shale oil y 7505 pozos de shale gas. Esto implicarÃa inversiones por unos 143.000 millones de dólares, casi 10.000 millones por año, una suma que el Estado argentino no puede afrontar y que los inversores privados sólo asumirÃan si se les ofreciera un marco institucional y de confianza del que hoy nuestro paÃs carece.
Se trata de un desafÃo que no se podrÃa lograr sólo mediante contratos dadivosos que intenten compensar caso por caso el elevado riesgo polÃtico ocasionado por un Gobierno que no respeta compromisos ni derechos de propiedad. Otra cuestión latente es la propiedad de los recursos hidrocarburÃferos. La reforma constitucional de 1994 consagra la potestad de las provincias sobre sus recursos naturales.
Pero este concepto se ve limitado, en tanto el precio de esos recursos es fijado de forma arbitraria e inconsulta por el Estado nacional, como señala el ex diputado nacional por Neuquén José Brillo. Es asà como el gas convencional se paga a un promedio de 2,5 dólares por millón de BTU en las cuencas productoras de la Argentina, mientras el que se compra a Bolivia ronda los 11 dólares y el gas licuado que se obtiene de Venezuela o Qatar alcanza los 18 dólares.
En 2007 se perdió totalmente el margen de reserva que es usual y técnicamente requerido en la generación eléctrica. Como consecuencia de ello y del deterioro de las redes, los cortes de energÃa comenzaron a ser más frecuentes. Esta situación perdura actualmente. En adelante deberÃan incorporarse 1500 megavatios anuales netos de potencia, más lo necesario para reemplazar a los equipos que deban descartarse por antigüedad u obsolescencia.
Las proyecciones de consumo eléctrico descuentan que habrá una fuerte suba de las tarifas eléctricas y un uso más eficiente de la energÃa que morigerarán la demanda. Igualmente la inversión requerida alcanzará el orden de 2000 millones de dólares por año, a lo que deberá sumarse lo necesario para rehabilitar las redes de transmisión y distribución. Estos montos se incrementarÃan si una parte de la nueva capacidad se quisiera cubrir con centrales hidráulicas y nucleares. La generación eólica no es ni será por ahora determinante.
Estas necesidades de inversión, al igual que las hidrocarburÃferas, no podrÃan nunca resolverse mediante fondos públicos. Exigirán inversión privada, la que a su vez reclamará que se recomponga la organización institucional, el marco regulatorio y el sistema de precios del sector eléctrico. Además, habrá que ofrecer señales contundentes y creÃbles de que no se volverán a modificar.
Si hay un sector sobre el que se han anticipado los problemas que hoy se viven, es el de la energÃa. Los ex secretarios de EnergÃa lo vienen haciendo desde hace varios años. Se han realizado informes, conferencias y seminarios por distintas entidades entre las que cabe mencionar a FIEL, la Fundación Mediterránea, el Instituto de la EnergÃa de la Academia Nacional de IngenierÃa, el Instituto General Mosconi y muchos otros. Sin embargo, la reacción oficial ha sido negadora y escapista, y aún no se ha traducido en un plan integral que tome el problema e intente resolverlo.
Fuente: La Nación
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