Los gobernadores petroleros salieron contentos de la reunión del lunes en Olivos. Allí la presidenta Cristina Kirchner les garantizó que el nuevo proyecto de ley de hidrocarburos no iba a tocar la ley Corta y anunció que iban a aplicar medidas "market friendly" para fomentar el arribo de capitales, algo que los entusiasmó.

Todo cambió cuando leyeron la letra chica del borrador que repartió el secretario legal Carlos Zannini.

El más herido fue el gobernador Jorge Sapag, que entendió que el gobierno nacional busca quitar del medio a la empresa provincial GyP, no sólo eliminando el carry y el canon de ingreso sino también fomentando la revisión de contratos hacia atrás.

Lo que se busca, en términos concretos, es crear algún mecanismo que obligue a la petrolera provincial a desprenderse de sus participaciones en aquellas áreas donde no invierta, es decir donde se haya subido a los contratos con el mecanismo de acarreo. Esta situación se repite en la gran mayoría de las 54 uniones temporales de empresas (UTE) que integra por estos días.

Sería un acta de defunción para la empresa insignia de Sapag, que se convirtió en una suerte de epicentro de su política energética. Por eso el gobernador le puso un freno a su postura concertadora y salió a marcar la cancha. Anunció que elaborará un contraproyecto, que luego podría ser consensuado con el resto de los mandatarios que integran la Ofephi.

Por estas horas hay tres o cuatro papers elaborados por distintas reparticiones del gobierno provinciales que están bajo análisis de Sapag. Algunos son más concertadores y otros aspiran directamente a proponer un acuerdo nuevo.

Al cierre de esta edición se esperaba una reunión clave para comenzar a unificar las ideas en un solo texto. Hoy habría un contacto con el titular del gremio de Petroleros, Guillermo Pereyra, para sumar poder de fuego. Éste tiene un doble rol en la negociación. Por un lado, el político, por el peso que le da su actividad gremial. Pero también será clave en la discusión legislativa, ya que preside la Comisión de Energía del Senado.

Ayer reinó el hermetismo sobre los lineamientos de la propuesta. Es una jugada para evitar que Galuccio se entere antes de los contenidos del nuevo documento y pueda neutralizarlo.

Fuentes consultadas por "Río Negro" aseguran que la contrapropuesta buscará blindar los contratos de GyP. La batalla por el carry se daría por perdida, pero se buscará, como ya insinuó Sapag, que la Provincia pueda retener una parte del canon inicial que aporten las empresas para acceder a las nuevas concesiones de 35 años sobre Vaca Muerta.

La idea se contrapone con la del CEO de YPF, Miguel Galuccio, que aspira a que todo el dinero vaya a los pozos. En la Torre Madero aseguran que el único mecanismo legítimo de captura de renta por parte de las provincias son las regalías y el resto debe eliminarse. Por eso no se descarta que haya cierta permeabilidad de parte de Nación y las empresas a aumentar ese porcentaje, aunque sea de forma gradual o bien a través de la suma de puntos extras.

El otro gran debate sobre qué resignar y qué no afecta a la reserva de áreas, el corazón del capital que maneja la petrolera provincial. Algunos, más duros, rechazan que se prohíba porque entienden que viola la ley Corta. Los más moderados creen que puede cederse en ese punto, siempre y cuando la Provincia pueda cobrar parte del canon inicial.

Otro punto que estarían evaluando es la creación de una suerte de fideicomiso de obra pública para darle cierta institucionalidad al arribo de fondos. Es un tema clave, porque el shale demandará una enorme inversión en infraestructura. Y el 2015, además, es año electoral.

LAS OTRAS FISURAS

Mientras la tensión entre las provincias y el tándem Nación-YPF crece, también hay internas en otros sectores. La más recatada es la que mantienen los propios gobernadores petroleros, que no logran consolidar su poder de lobby como organización ante la enorme dependencia que tienen de la Casa Rosada.

Aunque todos renieguen por lo bajo, la filiación política y la dependencia financiera serán actores de peso a la hora de trazar la endeble resistencia. "Hay que pagar el aguinaldo", razonó un hombre cercano a uno de los gobernadores petroleros ultra-K. El tema será una variable clave en la tensa mesa que se conformará el lunes en Buenos Aires.

La otra fisura, más camuflada, está hacia adentro del sector privado. La mayoría de los ejecutivos petroleros se siente cómoda negociando con la Provincia. Todos critican el carry, porque nadie quiere un socio pasivo, pero hay empresas de gran peso como Shell y Exxon que hicieron su ingreso en Vaca Muerta sin poner un solo peso de canon por aceptar ese mecanismo.

La imagen de Galuccio convoca a los referentes del sector, pero la del gobierno nacional espanta. Por eso hay varios que no tomaron postura sobre quién debe llevar la batuta de Vaca Muerta. El siempre crítico Juan José Aranguren, CEO de Shell, se mostró muy cauto esta vez. Eso sí, aprovechó para aclarar que ve con buenos ojos que se congelen las regalías en un 12% y que se unifique el cobro de Ingresos Brutos en todo el país.

En la relación amor-odio con YPF no son pocos los hombres petroleros que denuncian un intento de YPF por acaparar el mercado. Lo ven como una suerte de competencia desleal por su pertenencia al gobierno.

La realidad es que mientras la gran mayoría de las petroleras apenas insinúa su intención de explorar en Vaca Muerta, la firma de bandera superó los dos centenares de pozos en Loma Campana y se encuentra pronta a cerrar otro piloto en La Amarga Chica con la firma Petronas.