¿Una ciudad puede prohibir el fracking? Esa pregunta circula desde hace dos meses por los pueblos cordilleranos de la provincia de Neuquén. Desde que la minera multinacional Southern Copper intentó hacer su desembarco en Las Coloradas, los ánimos de los habitantes se alteraron y una lluvia de ordenanzas municipales cayó para prohibir la megaminería y el fracking. Desde la Secretaría de Ambiente declararon que las ordenanzas se dictan "sin información" y sólo "por presión social", pero aun así consideran que cada proyecto debe desarrollarse con el consenso de la región. Las Coloradas fue el primer lugar en que los vecinos reunidos en asambleas consiguieron que el Concejo Deliberante dijera "no a la megaminería". Luego se diseminó como reguero de pólvora por Aluminé, Junín de los Andes y San Martín.

En Junín la ordenanza Nº 2523 prohibió la megaminería, pero además la hidrofractura (fracking) y la circulación de sustancias derivadas de estos procesos. Luego, el intendente Domingo Linares la vetó, pero como la Carta Orgánica establece que el Deliberante puede ratificar la norma vetada con dos tercios de los votos quedó firme.

Si bien se prohíbe el fracking sin tener indicios de que en las zonas pueda existir una formación con potencial petrolero, el análisis sobre qué sucedería si las prohibiciones llegaran a ciudades en las que sí existe la explotación, como Añelo, cobra vida.

Ricardo Esquivel, secretario de Medio Ambiente de la provincia, sostuvo que no llevan adelante permisos para desarrollos que no estén autorizados por los municipios. A su vez, intentan que los proyectos se concreten en un contexto de paz social. En este sentido, explicó que respetan lo que deciden los pueblos.

"En algunos municipios se establece por mayoría o por la presión de algunas organizaciones. Se prohíbe este desarrollo pero se basan en opiniones, porque cuando se les pide que fundamenten no tienen argumentaciones técnicas y científicas para debatir y confrontar principios técnicos o consensos profesionales. Hay una imposición", dijo el funcionario.

Antecedentes

Un antecedente de este tipo de normas, se encuentra en Río Negro. En el 2013, la Justicia rionegrina declaró que era inconstitucional la ordenanza "antifracking" que había dictado el municipio de Allen. Los jueces rionegrinos sostuvieron que la Provincia "tiene competencia exclusiva para legislar en materia hidrocarburífera constituyendo la ordenanza impugnada una clara interferencia con esas facultades" y que la técnica de fracking es la utilizada para sacar el petróleo de Vaca Muerta.

Esquivel citó este caso, pero insistió en que en Neuquén se respeta la voluntad de los pueblos. "El Estado provincial tiene antecedentes de que tiene en cuenta estas expresiones sociales. El municipio de Zapala determinó la intangibilidad del acuífero Zapala y prohibió las actividades exploratorias en materia de hidrocarburos. En el caso de Junín tampoco nos vamos a oponer. Si se decidió la prohibición, seremos respetuosos, de la misma manera que si pasa en otros pueblos", indicó.

Por último Esquivel explicó el ejemplo de las Coloradas. "Se iban a explorar diez pozos para el desarrollo de un proyecto de cobre y no se va a hacer la audiencia pública hasta que no haya consenso social", dijo, y agregó que buscarán que se desarrolle con aceptación de las regiones, promocionando la armonía y la paz.

"Trabajamos para informar y hay que esperar los procesos de maduración de las sociedades para que no tengan temores y acepten los desarrollos. Después obviamente se debe hacer con buenas prácticas, con proyectos sustentables y tecnología moderna", concluyó Esquivel.