Un estudio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, difundido este fin de semana, concluyó que los más de 55 millones de toneladas de residuos vertidos del lado argentino, en la provincia de San Juan, por la mina de cobre Los Pelambres que opera del lado chileno, son peligrosos y contaminantes: aportan metales pesados a los cursos de agua de la zona. En vegas cercanas se encontraron valores hasta 71 mil veces por encima de lo que marca la ley nacional de Residuos Peligrosos. El peritaje forma parte de la causa judicial iniciada por la minera suiza Glencore, que explota un yacimiento en Calingasta, contra la empresa chilena porque los residuos fueron arrojados en sus terrenos. Con el informe en la mano, el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, instruyó al fiscal de Estado, Jorge Albo, para que se haga parte en la causa penal que exige a la minera Antofagasta Minerals, operadora de Pelambres, que desmantele el basurero mineral. Sin embargo, el abogado Diego Seguí, quien junto al senador Fernando “Pinoâ€� Solanas forma parte de la causa ambiental contra la minera, sostuvo ante este diario que “está bien que Uñac se sume, pero llega tarde. El firmó el convenio con la empresa que le permite aislar la escombrera sin removerla. Después dijo que daba de baja el acuerdo, algo que jurídicamente no tienen ningún valor. Por eso, nosotros pedimos la nulidad e inconstitucionalidad del convenio y la remediación ambiental y remoción de los residuos, algo que la vía penal no resuelveâ€�. El abogado señaló, además, que el camino para resolver el conflicto binacional es la diplomática, pero ésta incluye una trama que involucra del lado chileno “a la ministra de Minería (Aurora Williams), una ex gerenta de la empresa Antofagasta, y del lado argentino al abogado de Pelambres, Ricardo Gil Lavedraâ€�, el coordinador general del programa Justicia 2020, del  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. “La cuestión judicial va a ser muy prolongada, la vía es la diplomática, y nunca la metió en agenda ni la ex canciller (Susana) Malcorra ni (Mauricio) Macri ni Uñac, y han estado varias veces con la presidenta de Chileâ€�, agregó.

Según el diagnóstico encargado por el Juzgado Federal N°2 de San Juan –a cargo de Leopoldo Rago Gallo–, los desechos de la Escombrera Cerro Amarillo “siguen siendo una fuente de alteración de la naturaleza y un foco de generación de drenaje ácido y metales pesados con potencial de producir daño ambiental�. Advierte que la escombrera afectó directamente a 52 hectáreas y que los desperdicios redujeron un 53 por ciento de los espejos de agua.

Los peritos informaron que las zonas de agua más cercanas al basurero minero tienen altas concentraciones de sulfatos y metales pesados, fundamentalmente de cobre.

Además, el informe señala que hay “una gran posibilidadâ€� de que los metales pesados lleguen a los suelos y a las napas, lo cual “podría afectar con contaminación el río Carniceríaâ€�, uno de los afluentes del río San Juan, que abastece de agua para consumo humano. 

Las tareas de peritaje incluyeron pruebas químicas sobre suelo y aguas de la escombrera; estudios planimétricos y registros fotográficos para establecer la dimensión total del depósito de minerales; un estudio de impacto ambiental y localización y estado de las reservas de agua ubicadas en lagunas, vertientes o cualquier tipo de cuenca hídrica.

El basural de rocas, que alcanzó las 105 hectáreas de extensión y unos 70 metros de altura, comenzó a construirse en 2004, cuando el gobierno chileno autorizó a Antofagasta la instalación de la escombrera Cerro Amarillo, al norte del yacimiento Los Pelambres, la séptima mina de cobre más grande del mundo.

En el lugar se arrojaron, entre 2007 y 2012, todos los desechos de la mina, incluyendo más de 500 neumáticos y las rocas llamadas estériles porque carecen de valor comercial por el nulo contenido de minerales, pero que drenan líquidos ácidos producto del proceso de lixiviación con cianuro al que son sometidas.

En 2014, la minera Glencore, que desarrolla el proyecto de explotación de cobre El Pachón, en Calingasta, adyacente a Pelambres pero del lado argentino, inició una demanda civil contra la empresa chilena por usurpación de terreno y reclamó la mudanza de los desechos.

La minera Antofagasta, controlada por el Grupo Luksic (uno de los más importantes de Chile) se defendió ante la justicia alegando que los mapas chilenos con los que contaban indicaban que el territorio ocupado por la escombrera eran de Chile, y que los límites cambiaron en 2012. 

Sin embargo, ese año se reforzaron los límites pero no cambiaron. Además, la zona ocupada nunca estuvo bajo litigio con el país vecino.

Un año después, Glencore sumó una causa penal contra los ex gerentes de la firma: Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery y Robert Mayne-Nicholls, así como el actual titular de la empresa, Francisco Velos.

El abogado ambientalista Seguí explicó que “hay por un lado un juicio penal iniciado por Glencore, y otro de naturaleza ambiental. En la causa penal se avanzó hasta el grado de tomarle declaración a tres gerentes de Pelambre, que tuvieron que ir a San Juan a declarar. En la causa ambiental, en la cual intervenimos, pedimos la nulidad y la inconstitucionalidad de lo que firmó Uñac porque ningún gobernador puede disponer del territorio nacional, es una cuestión federal que tiene que ser tratada por el Congreso�.

“La homologación del convenio la pudimos parar en la Cámara Federal de Mendoza, que rechazó además el planteo de los abogados de la empresa, entre ellos Gil Lavedra, de no querer someterse a la justicia argentina porque según ellos no sabían que estaban arrojando residuos en territorio argentino, algo insostenible�, agregó.

Finalmente, Seguí señaló que “el juez federal Miguel �ngel Gálvez está sustanciando la nulidad e inconstitucionalidad que es el único camino para dar de baja el convenio que firmó Uñac�, y adelantó que si lo declara nulo “va a tener que remover la escombrera�.