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Golpe judicial a la minería

17/07/2017 | ARGENTINA | Minería | 221 lecturas | 20 Votos



La reacción oficial en Catamarca frente al fallo de la Cámara Federal de Tucumán que ordenó suspender las actividades en los yacimientos Bajo La Alumbrera y Bajo El Durazno careció en principio de la energía que cabía esperar en una provincia donde, por encima de litigios coyunturales, desatinos de gestión y despilfarros, la aplastante mayoría de las fuerzas políticas y sociales coinciden en considerar que la minería es imprescindible e irrenunciable factor de desarrollo, merecedor de una “política de Estado” que garantice su ejercicio.




El mutismo gubernamental, quizás hijo del desconcierto, fue salvado el viernes por la gobernadora Lucía Corpacci y el ministro de Gobierno, Gustavo Saadi, obligados a cubrir la falta de reflejos de las autoridades mineras locales. 

Corpacci se refirió al impacto de la disposición en la economía y el ánimo de los inversores. Saadi se internó en esa senda, objetó lo tardío del pronunciamiento –la causa tiene siete años- y recriminó a la Justicia que no requiriera informes a la administración provincial antes de tomar una medida tan grave como el cese preventivo de las actividades, ya que los controles ambientales, remarcó, son ahora “rigurosos”. 

El proceso por contaminación sobre el que se pronunciaron los camaristas tucumanos subrogantes Marina Cossio, Raúl Daniel Bejas y Daniel Molinari fue iniciado por Felipa Cruz y otros en 2010, cuando todavía gobernaba el FCS, hoy FCS/Cambiemos, de modo que afecta tanto a los tirios como a los troyanos que se disputan las preferencias del electorado.

La timidez de los funcionarios del área minera para salir al cruce contrastó con los rezongos estruendosos que suceden a cada información sobre las inconsistencias de la política minera provincial, sospechas de corrupción incluidas, ocasiones en las que se atropellan para defender hasta lo indefendible. 

No se trata de un problema jurídico, que ha de resolverse en los foros pertinentes, sino político. 

La Justicia habrá tenido sus razones para proceder a la suspensión hasta que se establezca si la contaminación denunciada existe o no, pero eso es un asunto para análisis de abogados. Lo que llamó la atención fue que los funcionarios mineros callaran cuando tiene muy a mano elementos contundentes para desmentir que la minería haya provocado efectos ambientales perniciosos. 

Como la existencia de tales elementos no es misterio para nadie medianamente informado sobre el acontecer minero provincial, abstenerse de utilizarlos fue elocuente mensaje de desinterés, desidia o incompetencia. 

En realidad, las autoridades del área reaccionaron recién ayer, con un comunicado de prensa, cuando ya el ala política del Gobierno se había pronunciado. Debería haber sido a la inversa. No solo eso, la Secretaría de Minería y los representantes provinciales en el directorio de YMAD, empresa que es socia de Alumbrera en ese proyecto, tendrían que estar a la cabeza del reclamo, movilizando al resto para evitar que la minería se paralice, gestionando en ámbitos políticos e institucionales. 

De hecho, al secretario de Minería de Catamarca, Rodolfo Micone, además de la alta responsabilidad que tiene en la materia en el orden provincial, no le falta chapa nacional: fue elegido presidente del Consejo Federal Minero argentino (COFEMIN), un órgano en el que están representadas todas las provincias y uno de cuyos objetivos es reencauzar el desarrollo minero responsable en el país. 

De no ser por la intervención de Corpacci y Saadi, los discursos judicial y político hubieran confluido en una sinergia contraria a la minería desalentadora para cualquiera que pudiera estar pensando en invertir en Catamarca. (...)

Fuente: El Ancasti

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