Con el ímpetu que le dio la amplia victoria en las elecciones, la administración de Mauricio Macri también avanzará en reformas en el sector energético, que se sumarán a los cambios en impuestos, la burocracia estatal y el frente fiscal.

Ayer se publicó en el Boletín Oficial el decreto 882/2017, que ordena la puesta en venta de activos estatales relacionados con la energía. Además, establece la fusión de Enarsa con Ebisa (la empresa encargada de comercializar la electricidad de las centrales binacionales), el cambio de nombre de la primera, que pasará a llamarse Integración Energética Argentina SA y la rebautización de las centrales Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, que volverán a llamarse Cóndor Cliff y La Barrancosa, de acuerdo con su denominación inicial.

"Queremos lograr una mayor eficiencia con la fusión y tener una única empresa que maneje los emprendimientos energéticos que están siendo ejecutados por el Estado nacional y aquellos que en el futuro puedan hacerse desde el Estado", explicó una fuente que participó de las decisiones.

En la práctica, se trata de medidas que Macri quiere implementar desde el primer día de su administración, pero recién ahora se siente con el poder suficiente para llevarlas a cabo, con la confirmación de su poder en las urnas.

Enarsa tiene una larga historia de falta de transparencia. De su caja salieron los fondos para pagar el avión que trajo al venezolano Guido Antonini Wilson a la Argentina con su bolso cargado con US$ 800.000 y está en el centro de la trama de la importación de gas por barco, entre otras cosas. Para el Gobierno, el cambio de nombre es algo así como una vuelta de página.

El decreto también instruyó a Enarsa a poner en venta centrales eléctricas en las que tiene participación, como San Martín, Belgrano, Vuelta de Obligado y Guillermo Brown. Comprometerá al futuro comprador a completar las obras para que funcionen como ciclos combinados y generen más electricidad.

También cederá el 50% de Citelec, titular a su vez del 52% de Transener, la transportadora de energía en alta tensión. El Estado amplió la participación en la empresa el año pasado, cuando la acción costaba $ 7,2. Hoy supera los $ 40.

También se desprenderá de más del 8% que tiene en Central Puerto, entre otras cosas.

El objetivo de la cartera de Energía es desprenderse de todas las participaciones en las que no tenga el control, con el objetivo de hacer un Estado menos pesado y más eficiente.

En cambio, retendrá, al menos por ahora, obras en construcción como las centrales sobre el río Santa Cruz, los nuevos ductos que lanzó este año el Gobierno y el Gasoducto del Nordeste Argentino.

En total, espera recaudar 1000 millones de dólares, que se destinarán a costear obras de energía.

Fuentes gubernamentales explicaron que las medidas pretenden "generar condiciones para una mayor eficiencia, a tono con el programa que se anunció ayer de desburocratización del Estado, mediante la reducción de su peso en muchas decisiones económicas, pero sin dejar de controlar los procedimiento administrativos". (...)