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Hidrocarburos, una ley olvidada

18/09/2014 | ARGENTINA | Notas Destacadas | 795 lecturas | 288 Votos



De acuerdo a trascendidos públicos, el Poder Ejecutivo se apresta a enviar al Congreso un proyecto de modificación de la ley de Hidrocarburos, previamente acordado con los gobernadores de las provincias petroleras.




Dejando de lado las leyes recientes vinculadas a la expropiación de YPF, la última intervención parlamentaria en el marco legal del sector fue en 2006, cuando fuera sancionada la ley 26.197. Dicha norma, conocida como la “ley corta” por su breve extensión, se limitó a poner en práctica el traspaso del dominio hacia las provincias de acuerdo a lo dispuesto por la reforma constitucional del año 1994.

En los años noventa, década de reformas estructurales en la industria petrolera, tampoco hubo cambios en la legislación de fondo. La ley 24.145 de 1992 aprobó la transformación y privatización de YPF y sentó las bases para la transferencia del dominio, pero no cambió el marco jurídico básico de funcionamiento del sector.

En definitiva, pese a los profundos vaivenes en la organización y el desempeño de la industria, en los últimos casi cincuenta años las empresas petroleras han trabajado siempre bajo el marco de la ley 17.319. Esta norma fue promulgada en junio de 1967 por el presidente de facto Juan Carlos Onganía, quien un año antes había derrocado al presidente Arturo Illia y cerrado el Parlamento, único poder con facultades para sancionar leyes de acuerdo a nuestra Constitución.

Por lo tanto, la ley de Hidrocarburos hoy vigente no debiera ser llamada de esa forma. Se trata de un decreto elaborado y aprobado por autoridades surgidas de un golpe militar, sin intervención de los legítimos representantes elegidos por el pueblo.

El decreto 17.319 de Onganía derogó la ley petrolera 14.773 de 1958, y entre otros cambios, levantó la prohibición para otorgar concesiones de explotación de hidrocarburos a empresas privadas. La ley del ‘58, impulsada y aprobada por el frondicismo en un Congreso surgido de elecciones con el peronismo proscripto, era también una “ley corta” (apenas 10 artículos), cuyo objetivo central era restablecer la propiedad “ … exclusiva, imprescriptible e inalienable del Estado Nacional …” sobre los yacimientos de hidrocarburos dispuesta por el artículo 40 de la constitución peronista de 1949, y derogada por la Revolución Libertadora en 1956.

Pero más allá de la nacionalización y estatización de los recursos, ni durante la presidencia de Perón ni durante la de Frondizi se aprobó en el Congreso una ley que modificara las reglas generales de funcionamiento del sector (extensión de los permisos y las concesiones, alícuotas de regalías, etcétera), definidas previamente por la ley 12.161 de 1935.

La ley de 1935, que agregó una sección específica al código minero de 1886, fue la primera y la única ley de hidrocarburos integral aprobada por el Congreso Nacional. Estableció el dominio provincial sobre el subsuelo, la posibilidad de que la explotación fuera realizada por empresas privadas, estatales o mixtas, y el pago de regalías del 12% sobre la producción.

Pero el de 1935 no era un Congreso surgido de elecciones libres. Luego del golpe militar de 1930, no pudo participar en la competencia electoral el radicalismo, la fuerza política que algunos años antes había promovido y aprobado en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para la nacionalización y el monopolio estatal de los hidrocarburos, que no llegó a aprobarse por la férrea oposición conservadora en el Senado.

En síntesis, este breve recorrido histórico nos muestra que pese a sus más de cien años de historia, la industria petrolera argentina nunca pudo contar con un marco legal integral sancionado por un Congreso surgido de elecciones libres. Las decisiones en torno a los grandes dilemas que han marcado a la política petrolera argentina –dominio provincial versus dominio nacional; explotación privada versus explotación estatal- fueron muchas veces tomadas por autoridades ilegítimas, y pese a ello perduraron en el tiempo.

Hoy, con nuestra democracia consolidada, esperemos que la crítica coyuntura energética y la oportunidad que nos brinda Vaca Muerta nos obliguen a saldar esta deuda. Una ley de Hidrocarburos de la democracia, acorde a la realidad de la industria, sentará bases sólidas para el desarrollo sustentable del sector.

* Nicolás Gadano, Economista, autor de Historia del petróleo en Argentina (Edhasa).

Fuente: iEco Clarin

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