Pero al menos con notable atraso dejó firmados y publicados los documentos imprescindibles para que se concrete un extraordinario monumento a la oportunidad perdida, a la catastrófica polÃtica energética pródiga en cortes, desabastecimiento, déficit cambiario y dependencia de las importaciones que llevó a cabo Julio De Vido.
La Argentina, que llegó a producir más gas que Bolivia a principios de la era K, no sólo importa el fluido del paÃs vecino.
También lo hace desde otros paÃses en enormes barcos a costos altÃsimos, que traen el gas comprimido y licuado. Aquà se lo descomprime en plantas especiales y se lo inyecta en los gasoductos.
Las plantas regasificadoras, que transforman el lÃquido de nuevo en gas, son también barcos, para operaciones transitorias. Nadie se arriesgarÃa a invertir aquà las sumas enormes necesarias para una instalación permanente. La Argentina durante el gobierno de los Kirchner no dejó de ser jurÃdicamente insegura, con polÃticas erráticas, que fueron de las equivocaciones a las barbaridades sin escalas.
Cuando exportaba, la Argentina proveÃa a sus vecinos y construyó gasoductos para enviar el fluido. Uno a Uruguay. Cuando en 2004 los Kirchner llevaron al paÃs a la completa dependencia de la energÃa importada, se comenzó a hablar de instalar una planta regasificadora.
Pero entonces quedó claro que lo lógico para tranquilizar a los inversores serÃa colocarla en Uruguay, que es un paÃs serio y estable. Allà llegarÃan los barcos, se volverÃa el gas comprimido al estado gaseoso y el gasoducto se usarÃa al revés, para que la Argentina importara lo que antes producÃa y exportaba. De paso, importarÃa seguridad jurÃdica uruguaya también.
Años después, la planta no se ha hecho. La Argentina sigue alquilando barcos regasificadores, lo que resulta más caro y se paga en dólares, que ya no alcanzan. Tampoco ha conseguido desarrollarse lo suficiente el proyecto de Vaca Muerta, usado por el Gobierno más como propaganda que como solución al problema que creó.
En 2007 se firmó un acuerdo con Uruguay para construir la planta en ese paÃs y enviar el fluido a la Argentina. ¿No serÃa mejor desarrollar las reservas argentinas y volver a exportar? Si la respuesta es no, ¿por qué se demoró ocho años en oficializar este sistema? La ley de hidrocarburos obtuvo sanción definitiva en el Congreso el 23 de septiembre pasado, con el número 27.189. Apareció en el BoletÃn Oficial el viernes 24 de octubre.
El proyecto Sayago, como se lo conoce en Uruguay, tuvo avances del otro lado del RÃo de la Plata, pero sufrió demoras, de las que los uruguayos culpan a los argentinos. A punto de irse del Gobierno, Cristina Kirchner deja la obra en manos de De Vido y también de Enarsa, la opaca e ineficiente compañÃa de propiedad estatal que el Gobierno maneja sin rendir cuentas.
Probablemente al presidente de YPF, Miguel Galuccio, que ha tenido disputas por el costo del gas importado por barcos, no le resulte simpático este detalle. Pero Enarsa, como se explicó, escapa hasta de los controles locales, mientras que YPF debe rendir cuentas hasta en la Securities and Exchange Commission (SEC), la Comisión de Valores de los Estados Unidos.
Todos datos curiosos en un proyecto multimillonario muy importante para Uruguay, que sólo puede permitirse semejantes instalaciones si de su uso participa una economÃa más grande que haga que la operación a escala vuelva razonables los altos costos, dicen los especialistas, que no están seguros de que en la Banda Oriental sigan interesados después de tanta demora.
La Argentina tardó muchÃsimo también en encaminar proyectos en Vaca Muerta, por la inseguridad jurÃdica, el default, el esquema tarifario demencial y las polÃticas erráticas. Los precios internacionales del petróleo y del gas cayeron a la mitad. Es más difÃcil aun lograr inversores interesados en un negocio que, según las empresas del sector, deberÃa necesariamente incluir las exportaciones a Chile y Uruguay, como mÃnimo. En lugar de ello, Cristina Kirchner se despide sellando el destino de la Argentina como importadora de gas y de seguridad jurÃdica del Uruguay.
Fuente: La Nación
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