Algunas de ellas como la minería, que es de la que estamos hablando, son potencialmente riesgosas y pueden generar efectos perjudiciales en los ecosistemas y consecuentemente sobre la calidad de vida de las poblaciones del área donde están radicadas, ya sea por falta de estudios previos de impacto ambiental antes de ser instaladas, como por potenciales eventos imprevistos o el establecimiento de instalaciones productivas en lugares sísmicos y su relación con el uso o la cercanía de cursos de agua que provean dicho recurso a poblaciones de él dependientes. 

Cualquier proyecto minero instalado y en operaciones en las condiciones descriptas podría alterar y hasta destruir hábitats, debido a los residuos tóxicos que producen, obligando a municipios o Estados a tareas de reconstrucción de larguísimo plazo y aportar cuantiosos recursos financieros. Por ello, ningún proyecto debería ser aprobado sin estudios ambientales previos y controles minuciosos a ser realizados por autoridades competentes nacionales o internacionales, dependiendo de su envergadura, y en el marco de una licitación trasparente que despeje toda duda en cuanto al rigor técnico, la corrección de los procesos secuenciales requeridos para su implementación y el cuidado de la limpieza de los aspectos financieros, ya que sabemos qué es lo que pasa cuando hay corrupción de por medio.