Es el encargado de defender el patrimonio y los intereses de la provincia y es un hombre de confianza del gobernador Sergio Uñac. El fiscal de Estado, Jorge Alvo, pasó por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y explicó su postura sobre los tiempos que se está tomando el organismo para intervenir en el escándalo por la contratación de la ART al IAPSER durante la gestión pasada. Además, dio detalles sobre el conflicto legal por la escombrera que armó una minera chilena en suelo calingastino.   

   

- ¿Cómo controla a los abogados de Fiscalía de Estado? La consulta tiene que ver por el caso de Dora Monasterio, que cuando se jubiló retuvo expedientes y dejó prescribir causas por casi 1,5 millones de pesos.      

- En esa causa específica se han planteado las acciones civiles dentro del proceso penal y se ha solicitado un embargo sobre el inmueble de la profesional a los fines de recuperar los fondos que se han prescripto con motivo del accionar negligente de la abogada. Y las demás causas, han sido reasignadas en los diferentes profesionales de Fiscalía. Yo tengo la supervisión letrada de todos los juicios donde interviene Fiscalía de Estado. Por supuesto, los mismos directores son los que ejercen el control en cada una de las áreas, que lo llevan bastante bien, y siempre va a haber alguna causa o algún abogado que ocasione algún perjuicio o prescripción. En esos casos, siempre doy inicio a los sumarios administrativos y le hago pagar al profesional lo que corresponda.   

   

    

- Le doy un ejemplo. En el área de ejecuciones, cada abogado lleva 7 mil ejecuciones. Eso materialmente es imposible...  

 

- Lo que pasa es que para el nivel de ejecuciones, es voluntaria la incorporación para llevar. Los abogados de Fiscalía de Estado optan si llevan ejecuciones o no las llevan. Los que llevan ejecuciones, están alrededor de 50 abogados. De esa cantidad, llevan de seis, siete a diez causas. A partir de un fallo que ha dictado la Corte, en el caso Nicolía, donde el Código Procesal Civil establecía el proceso monitorio: inmediatamente se iniciaba la demanda ejecutiva, la ejecución fiscal, se dictaba la sentencia monitoria. La Corte ha dicho que la sentencia monitoria tiene que estar notificada si no se produce la caducidad de instancia. Eso nos ha provocado que hayamos tenido que ordenar el área de Ejecuciones para que notifiquen con premura a los fines de evitar la caducidad de instancia. Estamos estudiando si elevamos un proyecto de ley al Gobernador para modificar eso, a los efectos de que no nos cause tanto problema. Ese problema lo tienen todos los fiscales de Estado, en una u otra medida. El procurador de la Nación me contaba que llevan la parte administrativa y la judicial. Nosotros llevamos sólo las causas judiciales. Ellos llevan 900 mil sólo de ejecuciones y las llevan tercerizadas en estudios jurídicos. Tienen, en promedio, un 20 por ciento de caducidad de instancia.    

   

- No tenemos ese porcentaje. Es muy esporádica alguna situación que, por lo general, no se han dado en la actualidad, sino que se advierten con motivo del residual del Banco San Juan en donde ya venía la situación muy mala. Se llevaban mal las cuestiones y ha provocado perjuicios importantes.   

   

- No. El proyecto que se va a presentar es únicamente a los efectos de modificar el Código Procesal Civil para que la sentencia monitoria tenga efectos de que no necesariamente tiene que ser notificada para que no produzca la caducidad de instancia. Se imagina que en un cúmulo de 7 mil causas por cada abogado, notificarle lleva un tiempo. (…)