Una polémica por la instalaciones de dos centrales termoeléctricas (CT) en la localidad bonaerense de Pilar es seguida con preocupación desde el Gobierno, que ya brindó todo su apoyo para la puesta en marcha de las plantas que construyeron APR y Araucaria Energy. Un rechazo vecinal motivó la acción de la Justicia, que paralizó las obras a la espera de un dictamen sobre impacto ambiental. Se trata del funcionamiento de las CT Matheu II (APR) y III (Araucaria), que generarán electricidad por 227 MW y 254 MW de potencia, respectivamente, en el límite de los partidos de Pilar y Escobar.

Para el grupo de vecinalistas, existe un riesgo ambiental por instalar centrales tipo 3 (“las más peligrosas”, acusan) en una zona residencial.

Un cruce de denuncias salpica al propio intendente de Pilar, Nicolás Ducoté (Cambiemos), ya que habría impulsado el voto de la rezonificación del área. A pesar de lo cual, a nivel del Gobierno nacional se reiteró el apoyo a la instalación, sin expedirse sobre los temas ambientales en debate.

El secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, le dijo a El Cronista que estas centrales “eran imprescindibles por la emergencia eléctrica (que culminó el 31 de diciembre), ya que morigeraban los riesgos de cortes.

Las plantas hacían falta y las ponderamos en base al valor que aportan al sistema”.

“El Estado tiene un interés en que se mejore el servicio y miramos con preocupación que estos casos no lleguen a buen puerto”, señaló el funcionario, quien deslizó que puede haber “razones políticas” detrás de esta polémica, y advirtió que si no se sigue adelante, “estos nodos seguirían con riesgos de falla”, es decir, que habría más cantidad de cortes de luz con mayor frecuencia.

Ese es uno de los argumentos que suelen esgrimir APR y Araucaria en sus descargos.

El otro aval provino de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), una sociedad mixta integrada por el Estado y representantes privados. El gerente general, Julio Bragulat, envió el pasado 12 de diciembre una carta a Paulo Ravera, director regional de APR Energy, en la que resalta que la CT Matheu II “está ubicada en un nodo de la red eléctrica del Gran Buenos Aires (GBA) tal que la inyección de la energía eléctrica generada producirá un efecto beneficioso para la operación”. “La Estación Transformadora alimenta el 15% de la demanda del GBA y está en el límite de su capacidad de abastecimiento. Esta CT producirá una operación más confiable y segura para abastecer la demanda del área (zona Norte y Noroeste del conurbano)”, dice la misiva.

Raúl Regis, uno de los referentes de las agrupaciones vecinales de Pilar y Escobar, comentó ante la consulta de este diario que “ninguno de nosotros está loco. Las centrales están rodeadas de casas y tendrán un impacto negativo en la salud, con el incremento de casos de faringitis, rinitis y conjuntivitis por las sustancias contaminantes que largan”.

Al margen, el juez federal de Campana Adrián González Charvay ordenó allanamientos a fin de año al Palacio Municipal y el Consejo Deliberante de Pilar y puso en la mira a la gobernadora María Eugenia Vidal para investigar el detrás de escena del Decreto provincial 672/17, que habilitó la rezonificación 234/17, que dio luz verde a las CT en una zona que previamente era exclusiva para casas.