La iniciativa funcionará como un seguro de precio y contempla el pago de entre US$ 7,50 y US$ 6 por millón de BTU para los nuevos proyectos de gas en arenas compactas (tight sands) y formaciones de roca generadora como Vaca Muerta. Sin embargo, aún no se conoce la letra chica de la iniciativa. Y dado que se acerca la instancia de definir los presupuestos de inversión para 2018, en las compañías existe preocupación por el tema.

En ese sentido, fuentes empresariales indicaron que el Ministerio de Energía se inclinaría por autorizar la presentación de proyectos de gas no convencional asociado bajo el paraguas del nuevo programa de subsidio a la producción de gas.

Inicialmente, en conversaciones preliminares con ejecutivos petroleros, funcionarios de la cartera que dirige Juan José Aranguren se negaban a aceptar proyectos de gas asociado de Vaca Muerta, como por ejemplo el shale gas proveniente de Loma Campana, el mayor desarrollo no convencional de la Argentina, en cabeza de YPF y Chevron. Sin embargo, en las últimas semanas, el Ministerio revisó esa posición y hoy está más cerca de avalar el pedido de las petroleras.

Las empresas productoras –un grupo liderado por YPF, Total, Pan American Energy (PAE) y Wintershall, entre otras- plantean la necesidad de definir cuanto antes si los proyectos de desarrollo de gas lanzados entre 2013 y 2017 podrán estar beneficiados por la resolución 46-E/2017. En rigor, esa normativa prevé el pago de un precio diferencial de entre 7,50 y 6 dólares por MMBTU para las petroleras pasen a fase de desarrollo sus proyectos pilotos de gas no convencional en la cuenca Neuquina.

Según indicaron las fuentes consultadas, el Ministerio de Energía estaría dispuesto a permitir que esos proyectos no convencionales que ya están en producción sean beneficiados por la iniciativa en la medida que las empresas comprometan nueva inversión. La cartera prioriza el objetivo de incentivar el aumento de la producción local de gas. Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda, que encabeza Nicolás Dujovne, no están convencidos de elevar el costo fiscal (medido en un incremento de subsidios) que implica esa decisión.