Es que los recientes incrementos solamente convalidaron los precios mayoristas que surgen de los contratos de las petroleras con producción nacional y las distribuidoras, formalizados con el Plan Gas.

Pero el Gobierno, en la Resolución 41/2024 de la Secretaría de Energía dictada a fines de marzo, no trasladó a los usuarios el costo estimado de las importaciones, que habitualmente es mayor que la producción local (más de US$ 10 por millón de BTU frente a US$ 4,43 en invierno, el período que va de mayo a septiembre).

De esta manera, si el Ministerio de Economía no se hace cargo de abonar la diferencia con subsidios, quedarían en riesgo los contratos económicos del sector. Si bien no está en peligro el abastecimiento “físico” (es decir, habrá suficiente cantidad de moléculas de gas para todos), la duda es quién afrontará ese gasto adicional.

Este año serán 30 cargamentos de gas importado que llegarán entre abril y agosto, comprados por la empresa pública Energía Argentina (Enarsa). A principios de abril, Enarsa compró los primeros 10 cargos por 210 millones de dólares, a un costo promedio de US$ 9,99 por millón de BTU; y este martes realizó la segunda licitación, que adjudicará en las próximas horas, con un costo que sería apenas más alto. (...)