En dos decisiones administrativas publicadas ayer en el Boletín Oficial se aprobó una redistribución del gasto de $6.550 millones, de los que se destinaron más de $6.330 millones a reforzar las partidas para cubrir el déficit en el mercado mayorista eléctrico, ENARSA, Yacyretá y los subsidios al transporte de trenes y automotor. El cambio de partidas para reforzar la política energética que comanda Julio De Vido deja claro una tendencia que no frena: con tarifas congeladas y costos de generación de combustibles en alza, el déficit a cubrir entre las empresas y el bolsillo de los consumidores es imposible de frenar.

Para redistribuir partidas, el jefe de Gabinete dispuso los incrementos utilizando los superpoderes que le cedió el Congreso en 2006 dentro del nuevo artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y de los Órganos de Control. Ese año Néstor Kirchner logró que le voten la reforma a esa ley estableciendo los superpoderes de forma permanente y evitó así tener que negociarlos cada vez que enviaba un proyecto de presupuesto nacional al Congreso. Ayer, para cubrir el incremento en los subsidios, el Gobierno apeló a utilizar aplicaciones financieras, por lo que el saldo caerá directamente sobre el resultado de las cuentas, es decir, irá a alimentar déficit.

Así, se reducen $5.359 millones las Aplicaciones Financieras (casi todas cuentas a cobrar) y $1.025 millones partidas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. En la decisión administrativa 892/11 que se publicó ayer se dispuso un incremento por el total de $6.331 millones que se distribuyeron: al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, $4.413 millones; a la Jurisdicción 91 - Obligaciones a cargo del Tesoro, $1.874 millones; y al Ministerio de Defensa, $44 millones.

TRANSFERENCIAS

De esos montos, la distribución hacia subsidios es casi total. De ahí que a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) se le giraran $1.928 millones, a Energía Argentina SA (ENARSA) $1.450 millones y al Ente Binacional Yacyretá $34 millones. Esto significa que, como explica la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera, las partidas destinadas a financiar las diferencias tarifarias que afectan estas empresas se agotaron en los primeros ocho meses del año. Es decir, no tienen más autorización para gastar y ahora se dispone el financiamiento para poder equilibrar la operación.

Los montos destinados ayer a reforzar los subsidios al transporte también ponen las luces en rojo: al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte se giran $1.400 millones, a Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA $477 millones, al Ferrocarril General Belgrano SA $158 millones, a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias SE $190 millones y a otras empresas privadas sin discriminar $409 millones. Casi al final se dispone también reforzar las cuentas de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA en $40 millones, otros $150 millones para la Unión Internacional de Telecomunicaciones y una partida para financiar la Campaña de Verano 2011/2012 en la Antártida.

La decisión administrativa explica por sí misma en los considerandos la gravedad de la situación en materia de subsidios: “Resulta indispensable incrementar los créditos presupuestarios correspondientes al sector energético que permitan abastecer la creciente demanda del mercado”, dice allí. Está claro que el sistema no puede sostenerse por sí mismo, no ya con el monto anual que se fija para subsidiarlo, sino que hacen falta refuerzos que cada cuatrimestre se tornan más incontrolables ante la suba en los costos operativos de la energía y los combustibles.

La decisión se justifica en la necesidad de “garantizar la prestación de servicios de transporte”. Para hacerlo, “resulta imperioso contar con los recursos necesarios que permitan dar continuidad a las políticas establecidas en dicha materia”. No fue la única reasignación de fondos que se conoció ayer. Por otra decisión administrativa, la 893/11, se aprobaron incrementos adicionales por $184,1 millones para Planificación Federal ($31,0 mill.), para la Comisión Nacional de Energía Atómica ($19,8 mill.), la Comisión Nacional de Comunicaciones ($59,4 mill.) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad ($27,6 mill.).

Fuente: Ámbito Financiero

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