El mar, las playas y el sol son el capital de las islas de Ibiza y Formentera. La naturaleza, el medio ambiente, es el combustible insustituible para que funcione su economía, su industria hegemónica, el negocio del ocio, el turismo de sol, playa y vida nocturna.

Una sombra negra se cierne como una teórica amenaza por las posibles consecuencias de los sondeos sísmicos submarinos, previos a las posibles perforaciones petrolíferas, que autorizó el Gobierno central del PSOE en 2010, y no ha paralizado el actual Ejecutivo, del PP. Los presidentes de Ibiza, Vicent Serra, del PP, y del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, (progresista de Gent per Formentera) acuden este lunes 28 de octubre a Bruselas para expresar su preocupación ante la Comisión Europea.

La cita es con el director general europeo de Medio Ambiente, Karl Friedrich Falkenberg. Las autoridades insulares van a advertir sobre los importantes riesgos medioambientales y económicos del proyecto. La Comisión Europea ha reclamado al Gobierno español que se garantice que la naturaleza no quede afectada por las pruebas.

La multinacional Cairn Energy realizará este invierno la búsqueda de eventuales bolsas de oro negro, bajo los fondos marinos entre Valencia y Baleares. Las catas sísmicas, con disparos de aire comprimido para detectar yacimientos, se acercarán hasta los 40 kilómetros de la costa de la isla Ibiza. En 2015 podrían alzarse las plataformas en alta mar para perforar los pozos de extracción, en el caso de que la indagación sea positiva.

El rechazo social, empresarial y político se ha expresado y reiterado de manera unánime en numerosos debates en el Parlamento de Baleares, los consejos de Ibiza y Formentera. Se exigieron -en vano- acciones "políticas, judiciales o de cualquier tipo que hagan falta" por parte de los partidos del arco balear. Plataformas unitarias locales y organizaciones ecologistas internacionales hacen piña. El Consell de Ibiza remitió un informe al Ministerio de Medio Ambiente en el que pedía" desestimar el proyecto por su elevado grado de insostenibilidad", además de ser “incompatible” con la actividad turística.

Antes del escándalo por los temblores desencadenados por las inyecciones de gas en el almacén Castor ante Tarragona y Castellón, la cuestión de los sondeos del triángulo Ibiza-Formentera-Valencia llegó a las Cortes españolas y al Parlamento Europeo. En casi tres años nada se ha paralizado, no ha habido marcha atrás. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se posicionó en su momento con la ley en la mano: no se pueden revocar las concesiones porque se cometería un delito de prevaricación.

Los responsables de Cairn Energy y sus delegados empresariales en España anunciaron garantías de seguridad y un impacto ambiental mínimo. Los partidarios de los sondeos observan que en la costa peninsular mediterránea se contabilizan más de 130 prospecciones. Las autorizaciones “no son una realidad irrevocable”, se indica desde el frente intersectorial insular Alianza Mar Blava (azul), la oposición civil.

Otra entidad ad hoc, Ibiza Antipetrolífera, ha celebrado conciertos anti-sondeos y las organizaciones internacionales Oceana y Greenpeace se sumaron a la causa encedida por el combativo grupo insular el GEN-Gob (Grupo de Estudios de la Naturaleza) que repartió folletos entre turistas. En la red se han recogido firmas y se repiten las páginas sobre el asunto.

No se conocen aun los estudios de impacto ambiental del Gobierno central, que han de ser expuestos o sometidos a escrutinio de los interesados, aseguran los activistas. El inicio de los catas sísmicas se ha situado en el invierno de 2013 pero en setiembre pasado, los ecologistas del GEN denunciaron que los disparos de aire comprimido de evaluación se habían iniciado. Se basaron en un informe elaborado por la asociación Tursiops y la Scholl of Biology de la Universidad de Saint Andrews (Escocia, RU) que rastrea la vida de los cetáceos en el Mediterráneo.

“No sabemos dónde ni quién disparó los proyectiles de aire para catas pero los efectos sonoros están grabados y es evidente que alteraron la vida de los cetáceos”, detalló este viernes, Neus Prats, portavoz del GEN. “Las explosiones usando aire comprimido generan ondas destructivas en los fondos”, agregó Prats quien afirma que "PSOE y PP no tienen interés en parar esta amenaza".

 Los proteccionistas hablan de una zona de 4.000 kilómetros cuadrados bajo amenaza. La organización Oceana descubrió que en el área delimitada para las prospecciones existe un campo de esponjas piedra, a 54 millas de la ciudad de Valencia, 45 del cabo de la Nao y 28 de las costas de Ibiza.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE, aprobó el 23 de diciembre de 2010 un Real Decreto para autorizar a la multinacional Cairn Energy la realización de prospecciones petrolíferas, sondeos sísmicos, previos a los eventuales perforaciones submarinas, con el objetivo de investigar la rentabilidad de los supuestos yacimientos.

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Serra, PP, observó que “el nivel de riesgo ambiental es muy intenso, debido a la posible aparición de impactos severos”. Sin embargo, el PP no votó en las Cortes una propuesta para paralizar o derogar las autorizaciones de investigación a causa de “las indemnizaciones millonarias” que recaerían tras el aval del Gobierno socialista. El diputado nacional del PP Enrique Fajarnés advirtió que “lo único que puede hacer el Gobierno de Mariano Rajoy es velar para que se cumplan los controles necesarios en estos sondeos".

La oposición verbal más radical la expresó, en febrero de 2011, un hombre de la derecha, Abel Matutes, en su papel de presidente del lobby de la Mesa de Turismo. Este potentado hotelero, exministro de Exteriores y ex comisario de la CE, natural y residente en Ibiza era del PP. Dijo que las investigaciones son una "amenaza, no sólo para el turismo, sino para toda la actividad económica" de Valencia y Baleares, “con muchos parques naturales (…) realmente amenazados".

Matutes relató que la contaminación del Golfo de México se debe a las exploraciones y explotaciones petrolíferas, y que el 72% de la contaminación del Mar del Norte es por los lodos de "los simples trabajos de prospección".