La errónea idea de que las grandes centrales hidráulicas no representan una fuente energética limpia se tradujo en un marco legal que promueve este tipo de generación únicamente a baja escala. En el país hay más de 100 presas de envergadura que no contaminan y favorecen la creación de empleo local.

No hay razones de peso para que la hidroelectricidad a gran escala permanezca al margen de los estímulos y beneficios planteados por la nueva Ley de Energías Renovables 27.191. Así lo creen los integrantes de la Comisión Directiva del Instituto Argentino de Energía (IAE) “General Mosconi”.

A través del informe “Propuestas para el desarrollo hidroeléctrico argentino”, los principales referentes de esa entidad –entre los que figuran su titular, Jorge Lapeña; los vicepresidentes, Pedro Albitos y Gerardo Rabinovich; el secretario, Diego Grau, y el prosecretario, Luciano Caratori expresaron la necesidad de modificar el rumbo de las acciones y no persistir en los errores que se vienen cometiendo para que la permanente declinación de la participación de la energía hidráulica en la matriz energética nacional se revierta.

Según los especialistas, será clave avanzar en la revisión y renegociación de los contratos de las centrales Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, proyectadas en el río Santa Cruz, con el propósito de “asegurar antes del inicio físico la factibilidad técnica, económica y ambiental de las obras”. Aunque éstas, explican, resultan adecuadas para su incorporación al Sistema Eléctrico Nacional (SIN), “sus procesos licitatorios y contractuales deben ajustarse a decisiones técnicas fundadas con criterios de transparencia hacia la sociedad”.

Similar es lo que piensan sobre la revisión de los procesos licitatorios de Chihuido (en Neuquén), Portezuelo del Viento y Los Blancos (ambos en Mendoza), condición imprescindible para “asegurar la concreción segura de dichos emprendimientos”.

Para el desarrollo de centrales hidráulicas grandes y medianas, el IAE cree necesario que el Estado nacional promueva y concrete la creación de un organismo ejecutor en el ámbito del Ministerio de Energía y Minería, que coordine su accionar con los Gobiernos provinciales y que cuente con instrumentos financieros adecuados.

Adicionalmente, sugieren “extender los beneficios de la promoción del Estado a todas las formas de energías renovables”, sin omitir la hidroelectricidad de cualquier potencia. “Por esto no debe entenderse que los beneficios otorgados deban ser necesariamente los mismos, sino aquellos que resulten convenientes para iniciar un círculo virtuoso de desarrollo de cada subsector”, advierten.

A su entender, también habría que retomar la ejecución de inventarios de recursos, estudios básicos, proyectos de ingeniería y obras de construcción de nuevas centrales hidráulicas de todos los tamaños. “Para el desarrollo de las grandes y medianas es necesario que el Estado nacional promueva y concrete la creación de un organismo ejecutor en el ámbito del Ministerio de Energía y Minería, que coordine su accionar con los Gobiernos provinciales y que cuente con instrumentos financieros adecuados”, señalan.

De acuerdo con el estudio del IAE, la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas en el país deberá tomar en cuenta “la obtención de beneficios no energéticos, la minimización del impacto ambiental y el desarrollo de la industria local proveedora”. En ese sentido, el organismo conducido por Lapeña resalta que “la conjunción de energía renovable, usos no energéticos, desarrollo industrial y creación de entornos atractivos permite soluciones autónomas y económicas que contribuyen a la provisión global de las necesidades de energía de la sociedad y al bienestar de los ciudadanos”.

El trabajo postula que las usinas hidroeléctricas suelen aportar ventajas no energéticas que son tan o más importantes que la propia generación, tales como la regulación de las crecidas de los ríos, la acumulación de agua para garantizar el riego y la provisión de agua potable y de uso industrial. “El desarrollo agrícola de los ríos de Mendoza y San Juan, el valle del Río Negro, la navegación del Alto Paraná, la protección de muchas ciudades contra las crecidas no serían posibles sin la existencia de estas centrales. Además sus embalses se convierten rápidamente en polos de atracción para la práctica de los deportes, el esparcimiento y el desarrollo inmobiliario”, enumera el reporte.

En la actualidad, la Argentina dispone de más de 100 grandes presas a lo largo y ancho de su territorio. Según el IAE, “en ninguna de ellas se han verificado las catástrofes ambientales presagiadas por los lobbies que se oponen al desarrollo del rubro”. Por otro lado, acota la entidad, “ningún sistema de generación, renovable o fósil, tiene componentes tan importantes de insumos y mano de obra nacional como la hidroelectricidad”.

No obstante, el diseño y la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas ameritan una evaluación rigurosa desde el punto de vista ambiental, tal como sucede con todas las grandes obras de infraestructura, junto con “la efectiva aplicación de los planes de mitigación y de remediación para minimizar el efecto de las consecuencias no deseadas”. (...)