Un grupo de abogados y ambientalistas requiri贸 al juzgado federal de Campana que suspenda preventivamente el funcionamiento de la terminal regasificadora de Escobar que abastece con combustible importado casi el 10% de la demanda nacional de gas. Denunciaron que la planta que operan conjuntamente YPF y Enarsa y que se apresta a recibir en 2014 un total de 50 barcos cargados con GNL, no cumple con las exigencias ambientales, ni con las normas internacionales de seguridad.

La presentaci贸n que encabeza Viviana Rebasa advirti贸 tambi茅n que la terminal de GNL no cuenta con los estudios de evaluaci贸n de impacto ambiental y pone en peligro tanto a la poblaci贸n cercana de Escobar, como a la mayor铆a de buques que navegan por la hidrov铆a.

Mediante una 鈥渁mpliaci贸n鈥� de la denuncia penal contra el contra el Estado que se viene tramitando en el tribunal federal de Campana, los ambientalistas solicitaron que se investigue al secretario de Energ铆a, Daniel Cameron por los supuestos delitos de 鈥渁buso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario鈥� que cometi贸 al asegurar que se estaban cumpliendo las normas internacionales de seguridad de GNL en Escobar.

Para los denunciantes, la resoluci贸n 338/12 que aprob贸 Cameron para regular el funcionamiento de las regasificadoras no se ajusta las normativas internacionales, las cuales han sido 鈥渢ergiversadas y adulteradas鈥� para justificar la irregular operatoria de la terminal de Escobar.

Entre otros fundamentos para solicitar la clausura de la regasificadora, el escrito que ahora debe analizar el juez Adri谩n Gonz谩lez Charvay remarc贸 que:

-La planta de GNL est谩 emplazada sobre una v铆a fluvial y viola las normativas europeas de seguridad que establecen que una terminal como 茅sta debe estar 鈥渕ar adentro鈥� y alejada de centros poblados.

-La poblaci贸n de Escobar no posee un plan de contingencia para afrontar un accidente de gran magnitud y los bomberos se encuentran imposibilitados para actuar preventivamente al no poseer personal, ni equipos apropiados.

-El municipio, la provincia y la Naci贸n omitieron los procesos administrativos de ordenamiento territorial e impacto ambiental que exig铆an la realizaci贸n de una 鈥渁udiencia p煤blica鈥� antes de la puesta en marcha de la terminal.