A mediados del mes que viene la Secretaría de Energía de Río Negro dará los pasos preliminares para comenzar a negociar con 12 compañías petroleras la extensión de las concesiones de yacimientos que vencen en un plazo de entre dos y cuatro años. Sus funcionarios arrancarán con las inspecciones a las áreas, mediante las que se determinará el grado de cumplimiento de las obligaciones que tienen las empresas. La ley de prórrogas que consiguió finalmente consenso en la Legislatura para reemplazar la anterior de los radicales, incluye pasos que para los técnicos de la secretaría de Energía son poco ejecutivos y demasiado complicados para un mercado acostumbrado al bajo perfil. Comisiones negociadoras demasiado grandes y audiencias públicas integran la serie de pasos que deben darse para avanzar con las extensiones de los permisos de explotación.

"Vamos a hacer un checklist de las instalaciones, la documentación, los contratistas, el cuidado del medioambiente, la situación de los superficiarios y las obras", explicó el secretario de Energía de la provincia, Jorge Borrelli, junto al presidente de la Empresa para el Desarrollo Hidrocarburífero Provincial (Edhipsa), Oscar Lamboglia. "Para todo lo que no esté en condiciones se va a establecer un plan" de plazos no demasiado extendidos con el fin de poner en orden lo que exigen las normas, dijo el funcionario, cuya continuidad depende de una respuesta del gobernador a una serie de planteos, según le dijo esta semana a "Río Negro".

Controlarán esencialmente las obligaciones establecidas en las concesiones originales, otorgadas por Nación en la década del 90, sumadas a normas provinciales, como la del "compre rionegrino", que se incorporaron cuando se dispuso la transferencia del dominio de los recursos hidrocarburíferos a las provincias. Paralelamente, Borrelli y su equipo siguen trabajando en la confección de un banco de datos petroleros que permita sistematizar la información y abrirla (parcialmente) en internet.

La idea es terminar el checklist y confeccionar un acta conjunta con cada operadora, donde se establecerá el estado de las cosas en cada concesión y las obras y acciones que se precisan, de acuerdo con el criterio del gobierno provincial. "Si las empresas no realizan las tareas que se les exigen, se licitarán los trabajos y los encarará la provincia con cargo a cada compañía", ratificó Borrelli. El 15 de febrero serán las primeras inspecciones. No se adelantó a qué yacimientos irán primero, pero es posible que el inicio sea en áreas concesionadas a empresas de menor envergadura. Se revisará el cumplimiento de las obligaciones y también el pasivo ambiental, si existiera, dijeron Borrelli y Lamboglia.

Se trata de 21 áreas hidrocarburíferas que están en poder de 12 empresas de dimensiones bien diferentes: desde YPF, que es la principal empresa argentina, hasta Medanito. Como ya se sabe, la extensión supone sólo los recursos provenientes de fuentes convencionales; para los no convencionales, la secretaría de Energía trabaja en un marco legal independiente, lo que también será polémico porque Neuquén, que negoció las prórrogas en 2008, no hizo esa distinción y por lo tanto no tomó en cuenta esas reservas potenciales cuando valoró el costo de las prórrogas.

¿SIGUE BORRELLI?

El secretario de Energía no tiene experiencia en la función pública, pero sí en la industria petrolera. Manejó el gas de Loma de la Lata cuando Repsol YPF negoció la primera prórroga de un yacimiento en nuestro país, en tiempos de Jorge Sobisch y Fernando de la Rúa. Borrelli le dijo a más de un colaborador que las audiencias públicas que deben realizarse para aprobar cada extensión constituyen un procedimiento sumamente engorroso. "Cómo voy a ir a decir que logramos un rédito extra en la negociación con una petrolera delante del representante de la empresa", dicen que se quejó el secretario, que ahora depende directamente del gobernador.