La carrera por controlar la cadena de suministros de los denominados “minerales críticos”, o “minerales para la transición energética”, abre un nuevo capítulo en la disputa geopolítica global. En los últimos años, hemos presenciado un aumento vertiginoso en la demanda del litio, este fenómeno responde a las crecientes presiones del Norte Global por avanzar hacia un modelo de transición energética. Pero, ¿qué pasa con los ecosistemas y los derechos humanos?

Si bien es urgente abandonar la explotación y consumo de los combustibles fósiles, una transición energética que replique el mismo modelo de producción y consumos actuales, basado en el uso desmedido de los recursos naturales y sin considerar los impactos socioambientales y los derechos humanos de las personas y comunidades que habitan en los territorios en donde se encuentran estos minerales, simplemente perpetúa las mismas lógicas del modelo energético actual. En lugar de avanzar hacia una transformación real, se estaría reemplazando un sistema extractivista por otro, profundizando la violación de derechos humanos y la degradación de los ecosistemas.

Gran parte de las reservas de estos minerales para la transición se encuentran en América Latina, en países como la Argentina, Bolivia y Chile, que concentran cerca del 53% de los yacimientos conocidos de litio a nivel mundial en sus humedales andinos; en Chile y Perú, donde se produce el 40% del cobre global; y en la Amazonía colombiana, donde las concesiones mineras, solicitudes de explotación y la extracción ilegal de minerales de transición violan los derechos de los pueblos indígenas.

Sin embargo, estos países ven el interés del Norte Global por estos minerales como una ventana de oportunidad para atraer inversiones. Los gobiernos priorizan estas inversiones, por sobre la realización de complejos, pero necesarios estudios hidrológicos para determinar si las operaciones pueden llegar a ser realizadas sin daños irreversibles al ambiente.

Un ejemplo de esto es la provincia de Catamarca, donde desde 1997 el extractivismo de litio ha provocado daños ambientales significativos, incluyendo la desecación de un brazo de la vega del río Trapiche. A raíz de esto, en marzo de este año, a instancias de la comunidad originaria Atacameños del Altiplano, la Corte Suprema de Catamarca ordenó la realización de una evaluación de impacto ambiental acumulativa e integral en el Salar del Hombre Muerto y ordenó al Estado provincial que no otorgue nuevas autorizaciones a proyectos de litio. (...)